La presidenta de Perú, Dina Boluarte, deberá acudir este martes a la Fiscalía para ser interrogada en el marco de la investigación por su responsabilidad en las muertes durante la represión de las protestas que sacuden el país desde principios de diciembre. Mientras, se espera que el Congreso unicameral reanude el debate sobre un proyecto para adelantar las elecciones generales, tal como se reclama en las manifestaciones que se iniciaron en diciembre.
El pasado 10 de enero, el Ministerio Público inició una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» ocurridos durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Su comparecencia coincidirá con los tres meses en el poder tras suplantar en su calidad de vicepresidenta al presidente Pedro Castillo, quien fue destituido y detenido el 7 de diciembre por el Congreso de Perú.
La abogada defensora de la mandataria, Kelly Montenegro, dijo que Boluarte tiene «toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto», según declaraciones al diario El Comercio. «Si la fiscalía indica que la diligencia va a ser de manera presencial, pues irá de manera presencial», agregó.
«Nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público», dijo la letrada.
Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Su caída tras 17 meses en el poder desató violentas protestas que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Desde diciembre pasado, diversas protestas sociales vienen ocurriendo en Perú, en particular en los departamentos de la zona sur andina, y que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones a 2023.
La represión de las protestas por parte de las fuerzas del orden causó la muerte de unos 60 civiles. Más de 1.300 civiles y más de medio millar de efectivos policiales resultaron heridos desde que estalló la crisis.
También se espera que este martes el Congreso unicameral debata la posibilidad de adelantar las elecciones, una de las consignas que motorizan las movilizaciones en el país. Con 63 votos contra 41 y dos abstenciones, el pleno del Parlamento rechazó a última hora del viernes un pedido de reconsideración que había dejado suspendido a mediados del mes pasado el debate de una iniciativa para anticipar los comicios.
Tras esa votación, el proyecto pasó a la Comisión de Constitución, que se comprometió a emitir mañana su dictamen para que pueda ser debatido por el pleno, informó el Congreso en un comunicado, según el diario limeño La República.
La legislación peruana establece que la modificación de la fecha de elecciones implica una reforma constitucional que debe ser aprobada por el Parlamento con dos tercios, durante dos períodos legislativos anuales consecutivos o con mayoría simple pero ratificada en un referendo.
En los últimos meses el Congreso rechazó más de media docena de proyectos destinados a adelantar los comicios que, de no mediar reforma, están previstos para el primer semestre de 2026.