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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este viernes al Congreso adelantar las elecciones a diciembre de este año, ante las protestas que desde hace semanas reclaman su renuncia, ya dejaron cerca de 60 muertos y empiezan a afectar el abastecimiento en las provincias del sur.
En principio, la mandataria había planteado que las elecciones se adelanten a abril de 2024. «Sin embargo, las protestas continúan, hay más bloqueos y violencia», dijo Boluarte, y contó que tras conversar con el ministro de Justicia y el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, la propuesta es que los comicios se celebren en diciembre de 2023.
«Que se adelanten las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones. Nadie tienen ningún interés en aferrarse al poder», aseguró Boluarte, que asumió el cargo el 7 de diciembre después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, del que era vice.
El partido Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, había pedido ayer al Congreso adelantar las elecciones generales para este año, pero el jefe de Gabinete lo rechazó con el argumento de que no serían transparentes. Sin embargo, Boluarte dijo hoy que no objetaba la propuesta del partido de derecha, pero señaló que la insistencia de las bancadas de izquierda para que junto al recorte de mandato se haga un referéndum constituyente «es una justificación más para poder radicalizar y seguir ensangrentado el país».
El Congreso reanuda este viernes la sesión para evaluar el adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo para abril de 2024, que en diciembre ya había sido aprobado en una primera votación. En esa instancia, se prevé que Fuerza Popular presente un nuevo texto sustitutivo para que los comicios se lleven a cabo en diciembre de este año.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo, horas después de que el entonces presidente anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales, tras varios intentos de los bloques opositores de removerlo de su cargo.
La huelga indefinida y el prolongado bloqueo de vías para exigir la renuncia de la Presidenta, nuevas elecciones y un referendo para crear una asamblea constituyente están ocasionando escasez de alimentos y de combustibles en las regiones del sur.
