La petrolera española Repsol y otras empresas acusadas del derrame de unos 11.000 barriles de crudo en Lima a principios de año quedaron expuestas a pagar compensaciones por hasta 4.500 millones de dólares, después de que un tribunal peruano admitiera esta semana una demanda en su contra, en un desastre ambiental del que aún se sienten sus consecuencias.
Repsol y las supuestas corresponsables, como la aseguradora española Mapfre, la naviera italiana Fratelli D’Amico y la refinería peruana La Pampilla, tienen ahora un mes para rendir descargos, o serán declaradas rebeldes.
El que fuera descrito en Naciones Unidas como el mayor desastre ambiental en la historia de Perú ocurrió el 15 de enero, cuando, según investigaciones, operarios incurrieron en negligencias al descargar petróleo desde el barco italiano Mare Doricum a La Pampilla.
«Personas naturales y jurídicas que giran en el entorno se vieron afectadas, así como la población que no pudo hacer uso y disfrute de espacios naturales públicos», justificó Julián Palacín, presidente del Instituto de Defensa de la Libre Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), organismo estatal que se encarga de la demanda.
Esa tarde se detectó una mancha de petróleo frente a las playas de Callao, ciudad aledaña a Lima, que se extendió pronto por la zona, contaminando el mar y las playas y matando a miles de especímenes marinos en una franja que al final abarcó cerca de 1,8 millones de kilómetros cuadrados.
En un primer momento Repsol reconoció el derrame, pero aseguró que se trataba solo de algunas decenas de barriles y que el problema había sido causado en el mar, removido ese día por una erupción volcánica en la isla de Tonga, en Oceanía, al otro lado del Pacífico.
Las investigaciones permitieron establecer luego, sin embargo, que la cantidad de crudo vertida era considerablemente mayor (10.400 barriles según la empresa, 11.900 barriles según el Estado) y que lo de Tonga no tuvo nada que ver, pues fue solo una coincidencia de fechas.
Las consecuencias
El mar de Callao y del norte de Lima se tornó negro, espeso y asesino, y los expertos advirtieron que la huella se mantendría por años. Las imágenes de animales muertos o agonizantes bajo gruesas capas de petróleo estremecieron al mundo, mientras en Lima se instalaba un ambiente de luto.
Miles de pescadores artesanales que devengan su sustento de esa zona quedaron en la calle, así como comerciantes que trabajaban en la playa en esos momentos de pleno verano y masiva presencia ciudadana. En total, se estima que unas 700.000 personas se vieron afectadas de alguna manera.
En medio del caos, algunas voces pidieron condicionamientos para determinadas inversiones extranjeras, algo que prometía un debate intenso en un país donde amplios sectores políticos se oponen a cualquier recorte a la libertad empresarial.
Pero ese debate al final no se dio por el estancamiento político derivado del constante enfrentamiento entre el Gobierno de izquierda del presidente Pedro Castillo y un Congreso con fuerte presencia de la oposición de derecha.
Foto: AFP
Siete meses después y tras los trabajos de limpieza iniciales, que no siempre observaron los parámetros técnicos, pues entre otras cosas se utilizó personal no calificado y sin herramientas adecuadas, las consecuencias del derrame se mantienen en buena parte, según los estudios.
«De 97 sitios verificados hasta el momento, 61 son playas y 19 de ellas siguen contaminadas por hidrocarburos», reportó el Ministerio de Ambiente tras una evaluación.
Palacín indicó que hay 25 playas en las que están vivas las consecuencias negativas, en Lima, Callao y la ciudad de Huaral, y citó como fundamento un informe del estatal Organismo de Evaluación y Control Ambiental, que ya le puso multas por 1,2 millones de dólares a Repsol.
El presidente de Indecopi rechazó por supuestamente inexactos los dichos de Repsol en el sentido de que todo avanza bien y de que la empresa ya logró acuerdos con unos 4.600 damnificados y dejó limpias por completo 28 playas a las que solo les falta el visto bueno del Estado.
Entre tanto, el director técnico del grupo ambientalista Océana Perú, Juan Carlos Riveros, coincidió en que la situación se encuentra «estancada» y los trabajos de recuperación no han sido tan efectivos como deberían, algo que él percibe como «criminal».
Dedos acusadores siguen apuntando hacia Repsol y sus socios, no solo por el accidente en sí, sino por la posterior reacción que presuntamente tiende a restarle importancia a lo ocurrido y no asumir la parte real de la responsabilidad.
En ese marco, Indecopi manejó la demanda, que busca recuperar 3.000 millones de dólares por los desastres directos y 1.500 millones por «daño moral» a los consumidores y usuarios de la zona, montos que mantendrá o variará la Justicia.
Repsol ya describió a la acción judicial como «improcedente, incongruente e infundada», por lo que se espera una pelea en los tribunales y en espacios políticos y mediáticos.
Como muchas veces se afirma en el centralizado Perú, el hecho de que el problema se generara en Lima permitió que el país se diera cuenta, por fin, de un fenómeno recurrente: de hecho, desde 1997 se han reportado 1.002 derrames petroleros de diferente tamaño, la mayor parte en la selva.
Esos derrames generan problemas en la salud de las personas, muchas veces graves, y devastan la fauna, la flora y el medio ambiente en general en un país caracterizado por su rica biodiversidad.
Según el movimiento Oxfam International, la firma de origen argentino Pluspetrol, a través de su filial Pluspetrol Norte -desactivada para eludir multas impuestas por el Estado- encabeza la lista con 306 casos. La siguen la canadiense Frontera Energy y la estatal peruana Petroperú, con 114 y 111.
Télam