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El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue trasladado durante la madrugada de este viernes al penal de Barbadillo, en la periferia de Lima, donde también se encuentra recluido el exmandatario Alberto Fujimori, para cumplir la prisión preventiva por 18 meses dictada en su contra por el Poder Judicial.
En una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Juan Carlos Checkley anunció ayer que dictaba la medida contra el exmandatario, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración después de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto, informó la cadena de radios RPP.
Desde el 7 de diciembre, cuando fue destituido, Castillo se encontraba detenido de manera preliminar en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde se encuentra el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate.
El penal, conocido como «la cárcel presidencial», es donde Fujimori se encuentra cumpliendo una condena a 25 años de prisión.
La Fiscalía General ordenó la apertura de una investigación en contra de Castillo por «presuntos delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional» en forma de «rebelión» en perjuicio del Estado. El expresidente también será investigado por el presunto delito de «concierto para delinquir».
El Ministerio Público ya abrió un sumario en su contra por los cargos mencionados y la intención de la Fiscalía es que el expresidente afronte todo el proceso penal en prisión.
La crisis política generada tras la destitución de Castillo generó una ola de protestas en el país que ya deja al menos 21 muertos. Las movilizaciones más fuertes, con miles de personas marchando en las calles, ocurren en el sur, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho).
Piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
Ante las manifestaciones, el Gobierno peruano decretó el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días, lo que permite que las Fuerzas Armadas participen de la seguridad interna.
