Perú: El abogado argentino de Castillo dijo que «no se le respetó el derecho de defensa» 

Por Martín Piqué, en Télam. El abogado argentino Guido Croxatto asumió la defensa del destituido presidente peruano Pedro Castillo luego de visitar al exmandatario en su lugar de detención, el penal de Barbadillo de las afueras de Lima, una experiencia que para el letrado implica un «compromiso», pero al mismo tiempo le causó «angustia» e «indignación» porque a Castillo «no se le respetó el derecho de defensa, que es una prerrogativa que tiene un presidente en un antejuicio político», según planteó en una entrevista con Télam.

Croxatto se sumó ad-honórem al equipo jurídico de Castillo con la prioridad puesta en las apelaciones ante tribunales y organismos internacionales, aunque también prevé hacer presentaciones en el «plano interno», tras completar un viaje de tres semanas a Lima y Arequipa junto al jurista y exmiembro de la Corte Suprema argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, de quien se define como «discípulo».

«El gobierno de Dina Boluarte ya no es una democracia, en Perú no hay libertad de expresión, hay detenciones arbitrarias, hay desaparecidos, hay periodistas heridos en las manifestaciones y a los estudiantes se los requisa, como a unos estudiantes de Ayacucho a los que les secuestraron libros de Derecho penal. Es lo más parecido a una dictadura que hay en la región, desde hace mucho tiempo», aseguró Croxatto a esta agencia, al ensayar un primer balance de lo que se vive en Perú.

El flamante defensor de Castillo pudo reunirse con el expresidente encarcelado el jueves pasado, luego de que la Asociación Americana de Juristas más un grupo de abogados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les propusieran a él y a Zaffaroni que aprovecharan el viaje –que ambos realizaron con el objeto de recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Andina de Cuzco– para interiorizarse sobre la situación legal del destituido jefe de Estado.

Por esa razón, Croxatto y Zaffaroni intentaron entrevistarse con Castillo el viernes 27 de enero, para lo cual volaron muy temprano desde Arequipa, aunque ese día, tras permanecer más de una hora bajo el sol «sentados en unos banquitos muy endebles» frente a la segunda puerta del penal de Barbadillo, ni él ni el exjuez de la Corte pudieron verlo por «las trabas burocráticas» del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) del Perú. Finalmente, Croxatto se reunió con el mandatario peruano una semana después.

Croxatto se define como un impulsor del Derecho Público latinoamericano; en la Argentina dirige la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE), también está al frente del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social (Incrides), que tiene sede en Lima; se especializa en Derecho Penal Internacional, hizo una maestría y un doctorado en la Universidad Libre de Berlín y en Alemania también realizó una investigación en la Universidad de Kiel con la tutela del jurista Robert Alexy, uno de los filósofos del Derecho más prestigiosos de la actualidad.

–¿Cómo fue que llegó a visitar a Pedro Castillo en la cárcel?

–A Zaffaroni y a mí nos invitaron de muchas universidades de Perú y nos dieron un premio en la Universidad Andina del Cuzco y en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. El doctorado honoris causa de la Universidad de Cuzco era, de hecho, el motivo central del viaje. Nosotros integramos grupos académicos comprometidos con los DDHH y a medida que pasaban los días nos empezamos a interiorizar con la situación. Un día, el aeropuerto de Arequipa quedó cerrado por las manifestaciones y quedamos varados. Entonces, agregamos actividades y se nos acercan de la Universidad de San Marcos para decirnos que quieren que nos juntamos con los abogados de Castillo. Ahí se inicia la segunda etapa del viaje.

–¿Cómo llegó a encontrarse con Castillo?

–La primera vez que volamos desde Arequipa, muy temprano, no nos dejaron entrar. Nos tuvieron una hora debajo del sol, pero no nos dejaron verlo. Zaffaroni se volvía al día siguiente al país pero yo me quedé una semana más. Para verlo, cosa que finalmente sucedió. Castillo está aislado, no se le respetan los mismos derechos de defensa en juicio que a cualquier ciudadano y todo se hace doblemente difícil. A veces ni sus abogados lo pueden ver. El propio Castillo me tuvo que hacer una nota firmada de puño y letra, y eso llegó a la Corte Suprema en un trámite para que yo me integre a la defensa. La reunión, finalmente, fue muy emotiva, emocionante desde el aspecto humano. Porque Castillo es una persona muy simple, muy transparente, pero a su vez muy segura. Lo vi muy seguro, muy entero y con un discurso muy consistente.

–¿Cuál es su balance de todo lo que sucedió tras la decisión de Castillo de disolver el Congreso, considerada inconstitucional dentro y fuera del Perú?

–Lo que hay que aclarar sobre eso yo lo voy a escribir en mi dictamen jurídico. Zaffaroni va a hacer un dictamen y yo voy a hacer otro. En principio, yo creo que la decisión de Castillo (de disolver el Parlamento) no se puede interpretar desde lo que se llama el ‘monismo jurídico’. Hay que incorporar el pluralismo jurídico. Recordemos que desde el inicio de su campaña Castillo propuso una reforma constitucional y una nueva Constitución: pero la reforma tiene procedimientos que están absolutamente obstaculizados en Perú por una oposición que desde el comienzo fue golpista. De hecho, (Keiko) Fujimori no quería reconocer el resultado desde el primer día, y desde entonces no cesaron de atacarlo. Él viene de la izquierda rural, campesina, y encarna una crítica al sistema político tradicional. Lo que él está cuestionando es, también, el ‘monismo jurídico’, el racismo, de una democracia que solo es democracia en apariencia. Por eso dio ese discurso (en el que anunció la disolución del Congreso, NdR). Pero el golpe se lo terminan haciendo él. De hecho, las muertes empiezan cuando la ponen a Boluarte y él está preso en una situación irregular.

–¿En qué fundamenta su denuncia de que Castillo no tuvo derecho de defensa?

–Técnicamente, un Presidente tiene una prerrogativa, que es poder defenderse en un antejuicio político y a él no le respetaron este derecho. Para sacar a un Presidente vos primero lo tenés que escuchar. La Corte Suprema (peruana) dice que hubo delito en flagrancia, pero hay una contradicción en lo que dice (César) San Martín, que es el juez de la Corte que lo sacó. Y le aclaro que yo cené alguna vez con el juez San Martín, cuando fui a Lima hace cuatro años, y ahora, en este último viaje que hicimos con Zaffaroni, San Martín también nos quiso invitar a cenar: pero con Zaffaroni no quisimos ir, porque fue él quien firmó la prisión de Castillo.

–En una declaración reciente al programa «Patria Grande» del canal brasileño Arte Agora, Zaffaroni advirtió que la Constitución peruana «hace ingobernable el país» porque al combinar «elementos del presidencialismo con el parlamentarismo, prácticamente imposibilita toda acción de gobierno». ¿Está de acuerdo?

–Claro, en Perú hay racismo. Por eso yo lo defiendo a Castillo, porque el núcleo de lo que él plantea es correcto. El sistema político de Lima es racista, el Poder Judicial es racista, es anti-pobres, es anti-indios, discrimina a los ‘cholos’ de la sierra, los desprecia, como decía (José María) Arguedas. Yo insisto en que la defensa de Castillo tiene que partir de entender que su discurso no puede ser entendido desde el ‘monismo jurídico’.

–¿Cuáles serán sus primeras acciones en la defensa de Castillo?

–En el plano interno, lo que primero pretendo hacer es llevar la discusión al Tribunal Constitucional de Perú para plantear allí la ‘inconvencionalidad’ de las detenciones preliminares. ‘Inconvencionalidad’ es una palabra técnica utilizada en un fallo de la semana pasada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra México (‘inconvencionalidad’ es un concepto del Derecho internacional que refiere a lo que sucede cuando una ley contradice los tratados internacionales de DDHH, NdR). Yo voy a llevar la discusión al Tribunal Constitucional de Perú para discutir, también, los fundamentos del voto del juez San Martín, de la Corte. Porque no hubo flagrancia, la evidencia no está probada, y Castillo no puede estar preso: tiene derecho a un antejuicio político para defenderse. Lo que pasa es que no lo quieren dejar hablar.

–¿Cuál es su visión de lo que está ocurriendo en Perú ahora?

–El gobierno de Boluarte y ella misma van a tener que responder penalmente por los asesinatos y le van a caer condenas muy graves a ella y a todos los responsables de las matanzas que hay en Perú. Lo que ocurre allí es gravísimo y la comunidad internacional y América Latina tienen que alzar la voz para denunciarlo. El golpe no lo hizo Castillo, se lo hicieron a él, que estaba cuestionando el racismo del sistema político peruano. Un racismo que ahora ya tiene 70 muertos en Perú y 20 desparecidos en la selva. Y los muertos, en su mayoría, son en Puno, en Ayacucho, regiones donde Castillo tiene fuerte apoyo social. Hace falta una posición mucho más enfática de parte de los líderes progresistas de América Latina.