El gobierno peruano dispuso que las Fuerzas Armadas asuman el control perimétrico de los centros penitenciarios del país y refuercen la vigilancia en las zonas de frontera. La medida forma parte de las primeras acciones en materia de seguridad ciudadana impulsadas por la gestión de la presidenta Keiko Fujimori.
Al fundamentar la decisión, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, aseguró que las fuerzas militares «no van a tener un rol decorativo». Según detalló el funcionario, el despliegue incluirá la instalación de tecnología de escaneo, detectores de metales, drones y sistemas para la interrupción de señales telefónicas en los establecimientos carcelarios. El objetivo, señalaron desde la cartera de Defensa, es revisar el ingreso de visitas e incluso del propio personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
En materia fronteriza, el Poder Ejecutivo anunció que solicitará facultades legislativas al Congreso para agilizar los procesos de expulsión de ciudadanos extranjeros indocumentados vinculados a delitos y modificar la clasificación legal de organizaciones criminales que operan en los límites territoriales.
Cuestionamientos y advertencias
El anuncio oficial reavivó el debate sobre la eficacia de apelar al instrumento militar para tareas de orden interno y seguridad pública.
Diversos analistas, defensores de derechos humanos y sectores de la oposición señalaron que el uso de tropas de combate para la prevención del delito común suele derivar en abusos de poder y violaciones a las garantías individuales.
Asimismo, advirtieron sobre el riesgo de que las medidas deriven en un esquema de control social represivo hacia la protesta y la disidencia política. En la Cámara de Diputados ya se presentaron las primeras iniciativas para interpelar al ministro Belaúnde por este giro en la estrategia de seguridad.