El autorizado ingreso de tropas estadounidenses en Perú, incluso con armamento de guerra, forma parte de la política de Washington para fijar posiciones frente a Rusia y China en el área, opinaron expertos peruanos tras extenderse los respectivos permisos. “Hay una confrontación política a nivel mundial de Estados Unidos contra China y Rusia; Perú es clave porque estamos situados en un punto estratégico de la cuenca del Pacífico, puerta de incursión para China, somos una bisagra”, dijo el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) Wilson Barrantes.
Según Barrantes, general del Ejército retirado al que se atribuyen ideas de izquierda y que dirigió la Dini en parte de los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, la presencia de militares norteamericanos en Perú no es novedad, pues se ha presentado varias veces en las últimas décadas, pero en esta ocasión los tiempos permitidos son más amplios.
Oficialmente, sin embargo, las tropas estadounidenses se limitarán a “actividades de cooperación de entrenamiento” en distintos puntos del país, sin referencia a objetivos geopolíticos. Las acciones empezarán esta semana en el departamento amazónico de Loreto, fronterizo con Brasil y Colombia.
Posteriormente, los ejercicios se extenderán a los departamentos andinos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco, los costeros de Callao y Lima y los selváticos de San Martín y Ucayali.
Desde Washington, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, prometió mientras tanto que Estados Unidos no trabajará con militares o policías de Perú involucrados en violaciones de derechos humanos, aunque no especificó como se harán los filtros.
El analista de temas internacionales Ramiro Escobar señaló, en diálogo con Télam, que la presencia militar de Estados Unidos se enmarca efectivamente dentro de la intención de mostrar presencia frente a Rusia y fundamentalmente frente a China, “que ha ganado mucho terreno en América Latina con su geopolítica económica”.
“Estados Unidos es el país con más bases militares fuera de su territorio”, recordó Escobar sobre la práctica norteamericana de mostrar su músculo armado como forma de mantener su influencia. Empero, señaló que América Latina no está ahora entre las prioridades de Washington, centradas en Ucrania y Medio Oriente.
El catedrático tampoco consideró que los ejercicios representen un riesgo para otros países latinoamericanos o sean algún tipo de preparación para invasiones militares o acciones similares. “Esos tiempos ya pasaron, no ocurrió ni siquiera cuando coincidieron Donald Trump y presidentes como Jair Bolsonaro o Iván Duque”, dijo.
Asimismo, Escobar consideró improbable que, como afirman algunas voces de oposición al gobierno de Perú, la presencia militar norteamericana apunte a fórmulas de colaboración para “imponer el orden interno”.
“Es cierto que con Boluarte hay un mayor entendimiento, pero Estados Unidos tampoco tuvo básicamente problemas con Castillo; es más, Estados Unidos reconoció el triunfo de Castillo (en las elecciones de 2021) antes que la derecha peruana”, recordó.
No obstante, la presencia de los militares norteamericanos causa resquemor, en especial en sectores de izquierda: “En momentos en que el país vive una escalada autoritaria, este ingreso es un espaldarazo del imperialismo al régimen autoritario en el país”, dijo el Partido Comunista de Perú Patria Roja (PCP-PR) en un comunicado.
“Donde Estados Unidos se mete, no hay soberanía; la patria se defiende”, añadió el secretario general del PCP-PR, Arturo Ayala del Río, quien criticó la “normalización” con que asume la opinión pública la presencia de uniformados extranjeros.
Según lo aprobado por el gobierno y el Congreso de Perú, serán más de 1.000 los militares estadounidenses en suelo peruano durante este año. Las autorizaciones indican que el Ministerio de Defensa peruano podrá imponer restricciones en caso de que se incumplan los puntos autorizados.
En una primera fase, que se extenderá hasta fines de agosto, se desarrollarán ejercicios con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta, la Fuerza Especial Conjunta y el Grupo de Fuerzas Especiales de la Aérea de Perú (FAP).
En una segunda, 160 militares norteamericanos, con nueve aeronaves, desarrollarán entrenamientos con miembros de la FAP y de otros institutos especializados.
Finalmente se ejecutará la operación Resolute Sentinel 2023, en la que 970 miembros de instituciones armadas de Estados Unidos, provistos de aviones, buques y camiones, impartirán instrucción y brindarán cooperación a homólogos locales.
En el Congreso peruano, dominado por partidos de derecha que en varias ocasiones logran alianzas circunstanciales con algunos parlamentarios de izquierda, la autorización, aprobada previamente por Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, fue entregada con amplia mayoría.
Los legisladores también aprobaron el ingreso al país de militares japoneses con armas de guerra para la realización de ejercicios, aunque eso, por los antecedentes históricos, ha generado menos críticas, suspicacias y revuelo.
Perú ha sido a lo largo de la historia -salvo por algunos paréntesis, sobre todo en la década de 1970-, un aliado regional de Estados Unidos, lo que crece, según portavoces de la izquierda, cuando llegan al poder fuerzas de derecha dura.
Dentro de esa derecha dura, la oposición incluye a Boluarte, quien, aunque llegó a la vicepresidencia en fórmula con Castillo por el partido por el partido marxista Perú Libre, ha llevado desde Palacio un gobierno aliado con las fuerzas conservadores que le dan sustento desde el Legislativo.
Que renuncie Boluarte
En tanto, organizaciones sociales anunciaron que el 19 de julio se movilizarán en la tercera toma de Lima para exigir nuevamente la renuncia de Dina Boluarte.
Este sábado, cientos de personas se manifestaron en la capital peruana contra la presidenta designada Boluarte y el Congreso, y para reclamar justicia por los fallecidos a causa de la represión a las protestas antigubernamentales que se realizaron entre diciembre de 2022 y marzo de este año.
La marcha convocada por varios colectivos y denominada como «Contra dictadura congresal y gobierno cómplice» logró llegar a las sedes del Ministerio Público y del Congreso, institución a la que los manifestantes acusaron de haber impuesto en el país una «dictadura parlamentaria».
Télam / teleSur