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El Gobierno de Perú decretó este miércoles la prórroga del estado de emergencia en dos provincias del departamento amazónico de Loreto, que limita en el norte con Colombia, al argumentar que se agravó la situación del narcotráfico en la zona.
«Prorrogar el estado de emergencia por el término de sesenta 60 días calendario, a partir del 17 de agosto de 2023, declarado en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto», se indica en el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
La norma señala que la medida se extiende «a consecuencia del accionar delictivo de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos».
En Perú, el estado de emergencia es una medida que implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales. Asimismo, supone que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno de la zona implicada con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, la norma señala que se intensificarán las acciones de combate contra el narcotráfico en las provincias fronterizas. Además, la Policía Nacional deberá presentar al titular del Ministerio del Interior un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia.
Esta es la tercera vez que se prorroga el estado de emergencia en Perú, la última había sido el pasado 13 de julio, tras el anuncio de protestas opositoras a la presidenta Dina Boluarte.
Desde la detención del expresidente Pedro Castillo a principios de diciembre, tras intentar cerrar el Congreso, Perú es escenario de una fuerte conflictividad social con numerosas protestas en todo el país, que dejaron un balance de más de medio centenar de muertos por la represión de las manifestaciones y miles de detenciones.
En ese marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales de derechos humanos exhortaron a Boluarte a detener la represión de las protestas y pidieron a la Justicia que investigue posibles abusos.
