Pibes Villeros: Casación confirmó la pena a Milagro Sala

Se conoció el fallo que dictó la Cámara de Casación Penal sobre la causa Pibes Villeros, en el que el presidente Cristian Torres y los vocales Rodolfo Fernández y Margarita Nallar confirmaron la pena de 13 años para Milagro Sala. Representantes legales de la dirigente social apelarán ante el Superior Tribunal de Justicia y, en una instancia superior, a la Corte Suprema de la Nación. Tienen 15 días para apelar el fallo de Casación.

Por otro lado, Casación redujo la pena de la diputada provincial Mabel Balconte, quien denunció la maniobra que se habría realizado en la Red de Organizaciones Sociales para defraudar al Estado provincial, y absolvió a Raúl Noro; determinando además que los bienes decomisados sean repartidos en partes iguales entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación.

El fallo rechaza el recurso de casación interpuesto por los abogados de Milagro Sala, Luis Hernán Paz y Matías Duarte, y acepta el presentado por el abogado de Raúl Noro, Oscar Agustín Galíndez, con lo que el esposo de Milagro Sala resulta absuelto de los delitos por lo que llegó a juicio, «por el beneficio de la duda».

En uno de sus 17 puntos, el dictamen de la Cámara rechaza el recurso interpuesto por el abogado de Javier Nieva, quien deberá cumplir la pena de 8 años de cárcel.

En el caso de Mabel Balconte, hizo lugar parcialmente al recurso presentado por su abogada, Miriam Soledad Valdez, y reduce la pena de 8 a 3 años de prisión en ejecución condicional, por resultar autora material y responsable del delito de asociación ilícita en carácter de integrante. La legisladora provincial no sufrirá un desafuero, cuando le faltan 60 días para cumplir su mandato en la Legislatura.

La Cámara rechazó además el recurso interpuesto a favor de Marcia Ivone Sagadia, quien sí deberá ser desaforada en el Concejo Deliberante de San Pedro de Jujuy para cumplir la pena de 8 años. De todos modos, se estima que esta decisión será apelada.

Más adelante en el dictamen, se hace lugar en forma parcial al recurso de Casación interpuesto por la abogada Paula Álvarez Carreras en representación de María Graciela López, otorgando así una reducción de 8 a 7 años de prisión, más la pena de inhabilitación absoluta por idéntico término, por haberla encontrado «autora material y responsable del delito de asociación ilícita» en carácter de integrante, y de fraude en perjuicio de la administración pública y amenazas coactivas en calidad de coautora.

Lo mismo hizo en relación a las condenadas María Condori y su hermana Adriana. Las dos mujeres cumplirán prisión por 7 años, en lugar de los 8 que había dictado el tribunal oral, más la inhabilitación absoluta por idéntico término, por los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y amenazas coactivas.

Otro recurso que rechazaron los integrantes de la Cámara de casación es el presentado por el abogado Marcelo Elías a favor de los imputados Patricia Cabana, Iván Altamirano, Miguel Ángel Sivila y Gladis Díaz, quienes cumplen una pena de entre 6 y 7 años de cárcel.

También rechazaron la presentación de Alejandra Urzagasti, letrada de Mirta Guerrero, quien seguirá cumpliendo la prisión domiciliaria; el interpuesto por la defensora oficial Silvia Liliana Checa por Mirta Aizama, quien fue condenada a 6 años de cárcel, y el presentado por Cintia Carolina Abregú en favor de Lucio Abregú, condenado a 3 años de cárcel en forma condicional.

Hicieron lugar en cambio a la presentación en favor de Emilio Bustos, sobre quien ordenan el levantamiento de la inhibición general de sus bienes que había sido ordenada por el juez de control.

El fallo de Casación resuelve además sobre el recurso interpuesto por el Ministerio Público de la Acusación en lo que respecta al destino de los decomisos que se realizaron en el marco de esta causa, y ordena que se distribuyan en partes iguales entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el MPA, previa valuación a cargo de peritos oficiales. El MPA había presentado también pedidos de incremento de penas, que fueron rechazados en el dictamen.

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