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Este martes, a partir de las 14.30 horas, comienza el juicio oral y público (¿podrán ingresar la prensa y familiares de los acusados…?) “Pibes Villeros” que estará a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3, integrado por las juezas, María Alejandra Tolaba como presidenta de trámite habilitada-, Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir, también habilitada.
El Tribunal resolvió que las audiencias se realizarán en el Salón Vélez Sarsfield del edificio de Tribunales, en el horario indicado. Las fechas establecidas son las siguientes: 24, 25, 26 y 31 de julio; 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 29 y 30 de agosto; 4, 5 y 6 de septiembre de 2018.
La requisitoria fiscal, de más de 200 páginas, fue formulada por el fiscal de investigaciones penales, Diego Cussel, otro más habilitado, que acusa a Milagro Sala de los delitos de Asociación Ilícita en su carácter de jefa de la misma; Fraude a la Administración Pública y Extorsión en concurso real; a Pedro Raúl Noro del delito de Asociación Ilícita, como supuesto integrante de la banda
Los imputados Mabel Balconte (ex diputada provincial); Marcia Ivone Sagardía (ex concejal); Javier Nieva; María Graciela López; María Sandra Condori, Adriana Noemí Condori completan los miembros de la banda que supuestamente estafó al estado provincial y están acusados de los delitos Fraude en contra de la Administración Pública y Extorsión.
Patricia Margarita Cabana; Iván Dante Altamirano; Miguel Ángel Sivila están imputados por los delitos de Asociación Ilícita en su carácter de integrantes de la banda y Fraude en contra de la Administración Pública; al igual que Mirta Rosa Guerrero; Liliana Mirta Aizama y Gladis Noemí Díaz.
Olga Inés Tufiño; Marcos Fernando Almasana; Alberto Esteban Cardozo; Juan Manuel Nieva; Héctor Damián Lacsi; Eduardo Sergio Zequeiros; Carlos Diego Ariel Cruz; Joaquín Roque Salas; Marcelo Alejandro Almasana; Juan Manuel Aguilera; Raúl Ezequiel Aguilera y José Augusto Choque por los delitos de Fraude en contra de la Administración Pública.
José Lucio Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda Urbanismo de Jujuy está acusado de los delitos de Fraude en contra de la Administración Pública (2 hechos en concurso real); Pablo Tolosa Perea, ex vocal del organismo, fue imputado del delito de Fraude en contra de la Administración Pública (14 hechos en concurso real); Héctor Gustavo Martínez y Emilio Javier Bustos deberán responder como autores penalmente responsables de los delitos de Falsedad ideológica y partícipe necesario de en contra de la Administración Pública en concurso real.
Los hechos
Según Cussel, en el expediente, y especialmente de numerosas declaraciones testimoniales, la mecánica de funcionamiento de la organización Tupac Amaru sería la de una asociación ilícita formada con el objeto de defraudar al Estado provincial y apoderarse de recursos dinerarios.
La Fiscalía da por acreditado, basado en los testimonios que figuran en el expediente, que Sala ha dirigido, organizado y ordenado el accionar colectivo de un grupo de personas pertenecientes a la organización social Tupac Amaru, mediante el despliegue de medios intimidatorios, utilizando el esquema de actuación de la misma y subvirtiendo la figura jurídica de las cooperativas de trabajo reunidas en dicha organización, mediante la desnaturalización con el objetivo inequívoco de defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial, en provecho propio, y/o de integrantes de dicho grupo y/o de terceras personas.
En ese sentido, en la acusación fiscal, se afirma que la defraudación fue perpetrada en perjuicio de la administración pública provincial, pues el erario público, se vio disminuido y no se pudo llevar a cabo en su integridad el programa “Mejor Vivir II”, debido a que la organización de recursos suscitada por Milagro Ángela Sala y acordada con los integrantes de la Asociación, tenía por objeto el apoderamiento ilícito de recursos dinerarios del Estado que superaban los 60 millones (60.352.790,80 millones de pesos).
Ese dinero, inicialmente, debía ser aplicado a solventar el trabajo de distintas cooperativas reunidas en la organización Tupac Amaru y en la Red de Organizaciones Sociales para que llevaran adelante obras, en las ciudades de San Pedro de Jujuy, Palpalá y San Salvador de Jujuy, que consistían en el mejoramiento de viviendas y simultáneamente los integrantes pudieran tener trabajo genuino.
La modalidad adoptada para cobrar el dinero consistió en convocar integrantes de la organización Tupac Amaru, que fingían como presidentes de dichas cooperativas, y trasladarlos a los bancos en vehículos, para que percibieran cheques, que eran emitidos por montos de hasta 50.000 pesos, a los fines de que no hubiese necesidad de solicitar autorización, ni que debieran tributar impuestos por la operatoria.
Dichos cheques eran cobrados por ventanilla de la entidad crediticia y luego colocaban el dinero en efectivo en bolsos, para ser trasladados por personas del círculo de confianza de Milagro Sala, en vehículos, a su domicilio particular donde convivía junto a Pedro Raúl Noro, o a la sede de la Organización Social Tupac Amaru.
Cooperativa Pibes Villeros
Luego Cussel describe que tal modalidad, relatada por los testigos, durante consustanciación de la causa, era el traslado físico de los cooperativistas a las entidades bancarias, la recepción del efectivo y su traslado a los domicilios particular de Sala o de la Organización, de manera cada vez más frecuente y por tal motivo, se abrió una cuenta especial a nombre de la Cooperativa Pibes Villeros Ltda.
En esa cuenta, se depositaban los cheques de los planes de construcción y mejoramiento habitacional que sea adjudicado a cualquier cooperativa concentrada en la organización social Tupac Amaru y en la Red de Organizaciones Sociales.
De esta manera, Cussel sostiene que se evitaban las dificultades logísticas inherentes, a los cada vez más frecuentes traslados de grandes cantidades de personas a los Bancos, y demás inconvenientes de la custodia de las personas, fondos, vehículos, etc.
Esta modalidad tuvo como efecto práctico que, en vez de una veintena de personas, con muchos cheques con pequeños montos, se requerían solo tres o cuatro personas, co-titulares de la cuenta abierta en el Banco Nación, para retirar grandes sumas de dinero, tal como surge en un video con fecha del 09 de diciembre del año 2015, en el que se muestra el rápido proceso de retiro de 14 millones.
Una vez cobrado el dinero, se colocaba el efectivo en bolsos y nuevamente se repetía el destino: el domicilio particular de Milagro Sala y Pedro Noro, o la Sede Central de la Organización Tupac Amaru.
El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy y los Municipios
En el requerimiento de citación a juicio, se explica que conforme los convenios firmados, los municipios debían ejecutar los programas y proporcionar a las cooperativas, los fondos para concretar las obras de construcción y mejoramiento de viviendas que la Nación adjudicaba en virtud del plan “Mejor Vivir II”.
El procedimiento consistía en que el dinero era acreditado en cuentas de los municipios, en los que los planes de mejoramiento habitacional debían llevarse a cabo.
Las cooperativas de la Tupac Amaru, cobraban los fondos dinerarios de dichas cuentas, en las sucursales del Banco de la Nación Argentina y del Banco Macro, en el territorio de la Provincia, debido a que las obras estaban programadas en los municipios de San Salvador de Jujuy, San Pedro de Jujuy y Palpalá.
Se habrían librado distintos pagos a las cooperativas, con la sola presentación de las facturas emitidas por sus presidentes, en las que sólo se consignaba la referencia genérica de la obra y el número de expediente del I.V.U.J.
Asimismo, en la investigación penal preparatoria, se advirtió que las cooperativas firmantes de los convenios con el I.V.U.J., debían abrir una cuenta bancaria específica para el proyecto adjudicado, en donde ingresarían los fondos girados y preestablecidos por el Instituto.
Sin embargo, contrariamente a lo acordado, recibieron en mano, cheques contra entrega de facturas que eran girados sobre cuentas de los mencionados Bancos, adonde se hacían efectivos, sin que tales sumas sean destinadas a financiar la obra comprometida, ya que la misma no existía.
Fiscales, Querellantes y Abogados Defensores
Las partes en el juicio serán las siguientes: Fiscales del Ministerio Público de la Acusación: Delia Filomena Ortiz y Diego Cussel. Los querellantes: Mariano Miranda por Fiscalía de Estado y Joaquín Millón Quintana por la Oficina Anticorrupción de la Provincia. Secretaría del Tribunal: Salvador Gustavo Ortiz.
Abogados Defensores: Alberto Nallar y Cintia Abregú de Lucio Abregú; Miriam Valdez de Juan Aguilera, Raúl Aguilera y Mabel Balconte; la Defensora Oficial Silvia Checa de Mirta Liliana Aizama; Alberto Nallar de Marcelo Almasana, Marcos Almasana y Juan Nieva; Juan Carlos Dávalos y Joaquín Campos de Emilio Bustos; Marcelo Elías de Patricia Cabana, Gladis Díaz, Miguel Sivila e Iván Dante Altamirano; Juan Cabezas y Carina Vargas de Alberto Cardozo; Cristian Rivero de José Choque; Claudia González de Adriana Condorí y María Condorí; Cristian Molina y Silvio Sánchez de Diego Cruz; Facundo Vargas Duran, Alejandra Urzagasti y Fabio Jorge Terán de Mirta Guerrero; el Defensor Oficial, Alejandro Gloss de Damián Lacsi y Olga Tufiño; Paula Álvarez Carrera, Luís Paz y Ariel Ruarte de Graciela López; Juan Cabezas de Héctor Martínez; Marcelo Arancibia de Javier Nieva y Marcia Sagardía; Oscar Galíndez de Pedro Raúl Noro; Paula Álvarez Carrera, Luis Paz y Matías Duarte de Milagro Sala; María Eugenia Montalbetti y Alejo Martínez de Joaquín Salas; Elías Efraín Garay de Pablo Tolosa Perea y José Luís Manzur de Sergio Sequeiros.
