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La defensa de la dirigente social Milagro Sala y del ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo, Lucio Abregú, recusó a los fiscales Liliana Fernández de Montiel y Diego Cussel del Ministerio Público de la Acusación, en la causa “Pibes Villeros”.
La recusación fue presentada ayer en horas de la mañana, cuando se vencía el plazo para la presentación de recusaciones y objeciones a los integrantes del Tribunal Criminal Nº 3, que estará presidido por María Alejandra Tolaba junto a las vocales Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Sadir.
La defensa de Sala recusa a la pareja de fiscales, porque ya lo había hecho en el ámbito federal y la defensa de Abregú, que es ejercida por su hija Cinthia, interpuso un recurso de reposición en contra del decreto del Tribunal donde notifica a todas las partes de la actuación conjunta, indistinta o alternativa de los tres fiscales intervinentes en la causa «Pibes Villeros» Delia Ortiz que es la titular de la fiscalía del Tribunal en lo Criminal N°3, Fernández de Montiel y Cussel.
Para no perder la costumbre y más allá que está previsto en las normativas vigentes nacionales y provinciales, el jefe de los mencionados, Sergio Lello se enojó contra las defensas de los inculpados y los acusó de «chicanas jurídicas dilatorias».
En la causa, hay 31 imputados y procesados en la mencionada causa, que fue elevada a juicio oral y público, por el juez de control penal Nº1, Gastón Mercau elevó a juicio oral y público la causa denominada “Pibes Villeros”. Luego de la elevación, el magistrado renunció a la causa, que ahora está en manos del juez penal de N°2, Jorge Zurueta.
Antes de irse, Mercau consideraba que hay semiplena prueba del desvío de 29 millones de pesos que el gobierno nacional envió a las cooperativas de la Red de Organizaciones Sociales para la construcción de viviendas sociales, más allá que se presentó documentación ante el magistrado, donde se aclara que esos fondos fueron utilizados para pagar los salarios de octubre y noviembre de 2015 a los cooperativistas.
La causa cuenta con 98 expedientes, alrededor de 17 mil fojas y reúne tres causas originales en las que 31 personas son investigadas, entre las que figuran otros dirigentes de la Tupac y exfuncionarios provinciales y municipales.
La denominada causa “Pibes Villeros” investiga la supuesta malversación de fondos destinados al Plan Federal Mejor Vivir II, mediante el cual el Ministerio de Producción de la Nación remitía fondos al gobierno provincial que iban luego al Instituto de Vivienda y Urbanismo y que finalmente recaían en los municipios -peronistas y radicales- de toda la provincia. Allí, en el ámbito comunal, es donde se realizaban los acuerdos con las cooperativas integrantes de la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales.
La misma está caratulada, “Sala, Milagro Amalia Ángela; Nieva, Javier Osvaldo; Balconte, Mabel y Sagardía, Marta Ivonne p.s.a de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública y Extorsión; Tolosa Perea, Pablo y Gutiérrez, Mirta Isabel p.s.a. de Fraude a la Administración Pública (catorce hechos en concurso real); Tufiño, Olga Inés y Otros p.s.a. de Fraude a la Administración Pública” y agregados.
