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Este lunes es el día de la sentencia que emitirá el Tribunal en lo Criminal N°3 en la causa, conocida como Pibes Villeros. El dictamen sé conocerá después de las 18.00 horas, en el salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales.
Se aguarda, no sólo, con expectativa lo que digan en parte dispositiva las juezas que integran el Tribunal, sino los fundamentos y argumentaciones por dicho fallo, que obviamente, será apelado por las partes intervinientes, es decir fiscales, querellas y defensores, sea el resultado que se emita esa jornada, que empezará a las 8.30 horas, cuando los imputados podrán ejercer el derecho de tener la última palabra luego de la consulta de rigor del Tribunal que preside María Alejandra Tolaba, acompañada por las vocales Cecilia Sadir y Ana Pérez Rojas, lea el veredicto.
El debate del juicio comenzó el pasado 24 de julio de 2018 y en su extenso desarrollo, que duró casi seis meses, declararon más de cien personas, entre testigos, peritos, actuales y ex funcionarios provinciales y municipales.
Posteriormente, se llevaron a cabo los alegatos y las réplicas por parte del Ministerio Público de la Acusación, integrado por Liliana Fernández Montiel, Filomena Ortiz y Diego Cussel; las querellas particulares encabezadas por el Fiscal de Estado, Mariano Miranda y Joaquín Millón Quintana, titular de la Oficina Anticorrupción.
Los hechos
Según Cussel, en el expediente, y especialmente de numerosas declaraciones testimoniales, la mecánica de funcionamiento de la organización Tupac Amaru sería la de una asociación ilícita formada con el objeto de defraudar al Estado provincial y apoderarse de recursos dinerarios.
La Fiscalía da por acreditado, basado en los testimonios que figuran en el expediente, que Sala ha dirigido, organizado y ordenado el accionar colectivo de un grupo de personas pertenecientes a la organización social Tupac Amaru, mediante el despliegue de medios intimidatorios, utilizando el esquema de actuación de la misma y subvirtiendo la figura jurídica de las cooperativas de trabajo reunidas en dicha organización, mediante la desnaturalización con el objetivo inequívoco de defraudar.
Las penas solicitadas por el trío fiscal
Milagro Sala: 22 años de prisión con más la inhabilitación absoluta como autora del delito de Asociación Ilícita en su carácter de jefa de la misma; coautora de Fraude a la Administración Pública y coautora de Extorsión en concurso real.
María Graciela López: 16 años de prisión con más la inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma; coautora de Fraude en contra de la Administración Pública y coautora de Extorsión en concurso real.
Javier Osvaldo Nieva: 15 años de prisión con más la inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma; coautor de Fraude en contra de la Administración Pública y coautor de Extorsión en concurso real.
María Sandra Condorí: 15 años de prisión con más la inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma; coautora de Fraude en contra de la Administración Pública y coautora de Extorsión en concurso real.
Adriana Noemí Condorí: 14 años de prisión con más la inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma; coautora de Fraude en contra de la Administración Pública y coautora de Extorsión en concurso real.
Marcia Ivone Sagardía: 13 años de prisión con más inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma; y coautora de Fraude en contra de la Administración Pública y coautora de Extorsión en concurso real.
Mirta Rosa Guerrero: 13 años de prisión con más la inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma y participe secundario del delito de Fraude en contra de la Administración Pública.
Patricia Margarita Cabana: 10 años de prisión con más inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma y coautora de Fraude en contra de la Administración Pública.
Iván Dante Altamirano: 10 años de prisión con más inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma y Fraude en contra de la Administración Pública.
Miguel Ángel Sivila: 10 años de prisión con más la inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma y Fraude en contra de la Administración Pública.
Mirta Beatriz Aizama: 10 años de prisión con más inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma y participe secundario del delito de Fraude en contra de la Administración Pública.
Gladis Noemí Díaz: 10 años de prisión con más inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma y participe secundario del delito de Fraude en contra de la Administración Pública.
Mabel Balconte: 9 años de prisión con más inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita en su carácter de integrante de la misma; coautora de Fraude en contra de la Administración Pública y coautora de Extorsión en concurso real.
José Lucio Abregú: 8 años de prisión con más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de Fraude en contra de la Administración Pública (2 hechos en concurso real).
Pablo Tolosa Perea: 8 años de prisión con más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de Fraude en contra de la Administración Pública (12 hechos en concurso real).
Héctor Gustavo Martínez: 7 años de prisión con más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de Falsedad ideológica y partícipe necesario de Fraude en contra de la Administración Pública en concurso real.
Emilio Javier Bustos: 7 años de prisión con más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de Falsedad ideológica y partícipe necesario de fraude en contra de la Administración Pública en concurso real.
Pedro Raúl Noro: 5 años de prisión con más inhabilitación absoluta por el delito de Asociación Ilícita, en su carácter de integrante de la misma.
José Augusto Choque: 4 años de prisión con más la inhabilitación absoluta por el delito de Encubrimiento Agravado.
Dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de Fraude a la Administración Pública para Olga Inés Tufiño, Marcos Fernando Almasana, Alberto Esteban Cardozo, Juan Manuel Nieva, Héctor Damián Lacsi, Eduardo Sergio Zequeiros, Carlos Diego Ariel Cruz, Joaquín Enrique Salas, Marcelo Alejandro Almasana y Juan Manuel Aguilera.
