Por Gabriela Tijman. El de la causa Pibes Villeros es un juicio cuestionado por varios aspectos: la presidenta del tribunal no aprobó el examen para acceder a su cargo; las otras dos juezas plagiaron un fallo en una de sus resoluciones; está restringido el carácter público de las audiencias, y a las defensas les rechazaron todas las pruebas y testigos que habían presentado. A todo esto, se suma el estado de salud de Milagro Sala, quien según sus abogados defensores no recibió ni está recibiendo la atención adecuada.
A partir de esta semana, habrá audiencias todos los días. Quedarán seis más para septiembre, y se espera sentencia antes de fin de año. Paula Álvarez Carreras integra el equipo de defensa de Milagro Sala, junto a Luis Paz, Matías Duarte y Ariel Ruarte. En diálogo con el programa Día 6 calificó de “escandaloso y repudiable” el modo en que se inició y se desarrolla el juicio, en relación a las cuestionadas juezas que integran el tribunal.
Álvarez Carreras recordó que el propio juez de la Corte de Justicia de Salta, Adolfo Cornejo, afirmó que las juezas que integran el Tribunal deberían ser sometidas a juicio político o deberían renunciar a sus cargos, después de conocer que la presidenta Alejandra Tolaba no aprobó ninguno de los dos concursos que rindió para acceder a ese cargo y luego de que las otras dos magistradas, Carolina Pérez Rojas y Cecilia sadir, firmaran conjuntamente una resolución producto de un plagio de otra sentencia.
Pero no solo eso. La abogada señaló como preocupante la decisión de realizar un juicio secreto, a puertas cerradas, a través de la resolución en la que el tribunal restringe el ingreso de la prensa y del público. La restricción limita a 16 el número de personas que pueden asistir. Además, todos los que ingresan deben firmar un acta de confidencialidad, es decir que no pueden comentar lo que hayan visto o hayan conocido en el debate. “Esto para nosotros es violatorio de los derechos constitucionales de cualquier persona de participar y conocer, de controlar los actos de gobierno”, refirió, y comentó que aquí está en juego el derecho de la sociedad a conocer lo que sucede, “particularmente teniendo en cuenta que este juicio trascendió también a través de imágenes que se hicieron conocidas, las del retiro de dinero del banco, de manera que tuvo mucha repercusión”, repasó.
Por otro lado, por tratarse de supuestos actos de corrupción, “sería de interés de la sociedad saber qué sucede, saber si se afectaron derechos de los ciudadanos, en relación a los supuestos faltantes de dinero”, continuó.
Pero también la publicidad de lo que ocurra en las audiencias tiene que ver, estimó Álvarez Carreras, con el sistema republicano de gobierno, con el control de los actos de gobierno, en este caso del Poder Judicial. Y que sea un debate oral y público es una garantía también para los imputados. En suma, permitiría también que los jueces se sientan controlados, “porque son funcionarios que cumplen una función pública, la de garantizarnos a nosotros todos los derechos y garantizarles a los imputados que van a ser juzgados por un tribunal que debería ser imparcial, que debería estar conformado por jueces o juezas naturales, que es lo que no está sucediendo en este caso, y que sus decisiones sean fundamentadas lógica y jurídicamente y que esas decisiones las podamos conocer todos”.
“El hecho de hacer firmar un acta de confidencialidad a las personas, además de no dejar ingresar con sus instrumentos de trabajo a los periodistas, nos da la evidencia de que el tribunal no quiere que la sociedad sepa lo que ahí sucede», concluyó.
En la misma línea, consideró que la limitación de la publicidad de las audiencias es “tan flagrante como la decisión de sancionar a los abogados por hacer su trabajo”. Se refería a la sanción aplicada a Luis Paz, una multa de 10 mil pesos, cuando recusó al tribunal tras conocerse que la presidenta no había aprobado el concurso que la puso en ese lugar. Además, todos los defensores, particularmente los que representan a Milagro Sala, fueron objeto de un pedido de la fiscalía para que los sancionen. “Pidió que nos llamen la atención, como si las situaciones de salud que atravesó Milagro fueran acciones dilatorias o para evitar el juicio”, señaló.
Estos planteos dirigidos hacia los abogados por parte del tribunal no son nuevos. Es habitual la acusación de que pretenden entorpecer el proceso, y suele venir con la advertencia de que, si continúan con esas conductas que las juezas interpretan como dilatorias, podrían suspender la matrícula de alguno de ellos.
También sucedió en la audiencia que la abogada de Mirta Guerrero se retiró por problemas de salud y el tribunal le impuso una defensora pública, lo que para Álvarez Carreras fue “absolutamente arbitrario”. Explicó que una persona imputada no puede permanecer en un juicio sin su abogado defensor, y que tiene el derecho de elegir quién la va a defender. “A pesar de que Mirta se paró, pidió la palabra de manera respetuosa y dijo ‘Presidenta, yo no acepto esta defensora, no es mi defensora de confianza’, el tribunal se la impuso y así se inició el debate”, relató.
Paula Álvarez Carreras.
-¿En qué punto están los planteos que hicieron a partir de las irregularidades?
-Todos los planteos que hicimos desde la audiencia preliminar, la nulidad de la acusación porque entendemos que no es precisa, no está determinada, y es difícil defenderse de hechos que no están explicados o descriptos como lo establece el Código y la Constitución, fueron todos rechazados. Y ahora, durante el desarrollo del juicio, solo podemos dejar constancia de que vamos a recurrir en otra instancia. Seguramente esos planteos serán resueltos en Casación, juntamente con la sentencia que eventualmente vayamos a discutir.
-¿Cuando termine el juicio?
-Exactamente. Algo para destacar es la recusación que planteamos desde la defensa de Milagro, por temor de parcialidad. Nosotros entendemos que estas juezas no son imparciales, porque lo han demostrado con su falta de idoneidad. El tribunal rechazó el planteo por improcedente in limine, lo que quiere decir que no revisa los fundamentos sino que lo desecha sin más. Nosotros hicimos el planteo de Casación y el tribunal hizo lugar al recurso. Eso, en los términos del Código, significaría que el rechazo no está firme. Por lo tanto, como tribunal no debería estar actuando.
-¿Qué significa eso en la práctica?
-Es otra cuestión, no menos importante. Porque si posteriormente se determina que debían ser recusadas, este juicio no va a tener ningún efecto.
-¿Cuánto hace que usted ejerce la profesión de abogada?
-Más de diez años.
-¿Cuánto se sacó en el último examen?
-¿Con el que me recibí? Nueve.
-¿Qué opina de los dichos de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, en el sentido de que “cualquiera puede reprobar un examen”?
-Estas respuestas son lamentables, siendo de quien es la cabeza del Poder Judicial de esta provincia. Pero sobre todo contextualizándolo en el marco del proceso de selección de magistrados, algo que propuso este gobierno, que el gobernador destaca como un logro, algo transparente, importante y necesario, que garantiza la independencia de los jueces y que lleguen los mejores. Porque evidentemente en este caso no ha sido así. Este caso nos muestra una vez más que el mecanismo de selección es engañoso, porque si bien se elabora un orden de mérito, lo cierto es que las ternas que se elevan son arbitrarias. Los puntajes más altos los determinan las entrevistas personales con el tribunal evaluador, que está integrado por gente muy allegada al gobierno y presidido por Pablo Baca, que es la persona que siendo legislador votó por la ampliación del Superior Tribunal e inmediatamente pasó a integrarlo. La presidenta del Superior Tribunal no puede hablar en esos términos, tan livianamente. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de la persona que preside un tribunal que decide sobre la libertad de las personas, que es el bien más preciado que todos tenemos.
-Dicen que Gerardo Morales quiere que este juicio llegue a una sentencia antes de fin de año. ¿Cree que va a ser así?
-Sí, creo que sí, porque se han dispuesto todos los mecanismos para que así sea. Tenemos durante todo este mes audiencias de lunes a viernes, y quedarán unas seis audiencias más para septiembre.
-¿Sigue pensando que la condena de Milagro Sala ya está decidida?
-Eso es algo que podemos ir pronosticando desde que estamos en este debate, en el que nos quedamos sin elementos de defensa, sin testigos de descargo. En el caso de Milagro y de Graciela López, el tribunal nos rechazó el ofrecimiento de testigos, de pericias, de informes de académicos que daban cuenta del funcionamiento y de la organización de la Tupac Amaru y lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, que es lo que estamos discutiendo acá. Y por otro lado también fueron rechazadas las pericias que pedimos que se hicieran en toda la provincia. De manera que podemos esperar que con tan acotado panorama defensista, las únicas pruebas que se van a ventilar en su mayoría son las que ofreció la parte acusadora, el Ministerio Público de la Acusación, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Estado. Esas son las únicas pruebas con las que va a contar el tribunal.
La salud de Milagro Sala
“Milagro vivió en términos de salud una situación sumamente grave”, describió Álvarez Carreras al referirse a la internación de la dirigente social en el Hospital Pablo Soria, en un episodio que aún resulta confuso incluso para los más allegados. “Hubo maltrato desde el momento que fue trasladada por el SAME, desde el principio, cuando se descompensó en su domicilio de El Carmen. Sufrió un trato discriminatorio y violento como todo lo que viene sucediendo con ella y su persona desde la asunción del nuevo gobierno y el inicio de todas las causas en su contra”, detalló la abogada.
Una vez ingresada en el Soria, comenzaron a circular versiones de diverso color que solo sumaron confusión. “En concreto, a la familia nunca se le dijo el día que fue internada cuáles fueron los motivos”, comentó Álvarez Carreras, y recordó que el director del hospital, Marcos Rivas, informó que Milagro Sala no podía ser visitada “por órdenes de la superioridad”, ni por sus familiares ni por sus abogados.
Milagro Sala ingresó el martes 31 a la guardia del Soria, donde le hicieron todos los estudios de rutina para saber cómo estaba y para estabilizarla. “Pero no recibió la asistencia que recibe cualquier persona en el ámbito del hospital”, afirmó la abogada, y explicó que debió ser atendida además por psicólogos y psiquiatras del hospital. “Si bien en un primer momento el psicólogo que la vio no pudo entrevistarla porque ella estaba semidormida, lo cierto es que no fue evaluada por un profesional de la salud mental”, señaló.
“Esto es importante porque, de haber determinado alguna especie de cuadro, se podría haber hecho alguna recomendación. Y lo que corresponde en esos casos es derivarla a la especialidad, que en este caso es la guardia de Salud Mental que se encuentra en Palpalá. Pero ella no recibió esta asistencia”, agregó.
Al día siguiente de su internación, se hizo presente en el hospital el secretario de Salud Mental, el psiquiatra Agustín Yécora. “Por un lado, las personas que ingresan a un hospital público deben ser atendidas por los profesionales de la institución. Pero por el otro, nosotros interpretamos en eso un gesto de presencia política”, analizó.
Lo cierto es que en su primer informe a la prensa, el director del hospital aseguró que Sala se encontraba “en perfecto estado de salud” pero que permanecía internada por orden del juez Pablo Pullen Llermanos. “Fue confuso. Además de todas las irregularidades que nombré, se implementaron sobre ella criterios judiciales en vez de criterios de salud”, precisó Álvarez Carreras.
Los abogados de Sala pudieron verla recién a las once de la noche. Fue cuando llegó la orden del juez en que se disponía su internación por 24 horas y la realización de otros análisis. El propio Pullen, en declaraciones a algunos medios, aseguró que la dirigente social presentaba un cuadro de intoxicación por consumo de benzodiacepina, un medicamento psicotrópico con efectos sedantes e hipnóticos. “Tanto Milagro como sus familiares negaron la ingesta voluntaria de la misma, pero los análisis hablan por sí solos”, indicó Pullen Llermanos.
“Sin embargo, los informes toxicológicos todavía no estaban, porque no se realizan en el hospital sino en el laboratorio central y porque los resultados, por lo que pudimos saber nosotros, tardan cinco días”, desmintió Álvarez Carreras.
El miércoles, el juez Pullen Llermanos dispuso el traslado de Milagro Sala a la audiencia del juicio. “El hospital emitió un informe que fue leído ante el tribunal, en el que se indicaba que ella estaba en condiciones perfectas -repasó la abogada-. Nosotros entendemos que se trata de sus condiciones clínicas, pero una cosa es estar estabilizado clínicamente y otra cosa es esta irregularidad de que hasta ahora no tiene una evaluación desde el punto de vista de su salud psicológica”.