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Legisladores de la oposición solicitaron hoy la presencia del ministro de Seguridad y el jefe de la Policía de Mendoza para dar explicaciones sobre el femicidio de la adolescente Florencia Romano, luego que se conoció que un vecino había alertado al 911 del hecho y la operadora le cortó.
Mediante una conferencia de prensa, los legisladores señalaron estar «absolutamente movilizados y consternados por la situación que se ha vivido en esta provincia» tras el crimen de la adolescente que desapareció el sábado 12 de diciembre y cuyo cuerpo fue hallado el jueves último en una acequia en la localidad de Maipú.
«Queremos una respuesta del Ejecutivo en la figura de sus responsables, que son el ministro de Seguridad Raul Levrino y el jefe de la Policía de la provincia de Mendoza, Roberto Munives», expresaron los legisladores del Frente de Todos y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Lautaro Jiménez, del Frente de Izquierda, dijo que «ante el dolor y la bronca que conmociona a la provincia frente al femicidio de Florencia, desde el Poder Ejecutivo se está ejerciendo y amparando una violencia institucional».
El último fin de semana, el vicegobernador Mario Abed también se manifestó sobre este hecho que conmocionó a la provincia y dijo que «el Estado falló» en evitar el crimen de Florencia, lamentó los ataques que sufrieron la Casa de Gobierno y la Legislatura y aseguró que «el gobernador se ha puesto al frente para la justicia de Florencia como primer punto».
El hecho ocurrió el 12 de diciembre, cuando la adolescente visitó la casa de Pablo Arancibia en la localidad de Maipú, a quien había conocido por la red social Instagram y desde entonces no se la vio más.
Cinco días después, la víctima apareció asesinada y su cuerpo presentó golpes, lesiones cortantes y además fue parcialmente quemada, según los resultados preliminares de la autopsia, informaron fuentes de la investigación.
Por el crimen de la adolescente permanecen detenidos e imputados Arancibia (33) y Micaela Méndez (27) por el delito de femicidio en grado de coautoría, que prevé una pena de prisión perpetua.
