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El senador Oscar Parrilli, del Frente de Todos, presentó un proyecto de comunicación en la Cámara Alta para que la Corte Suprema informe sobre la situación de la Obra Social del Poder Judicial, sospechada por irregularidades y hechos de corrupción durante la gestión de un amigo personal del juez Juan Carlos Maqueda.
Parrilli propuso que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, informe “acerca de la denuncia que tramita ante el Juez Federal Ariel Lijo por presuntas irregularidades en la obra social”.
Entre esa información requerida aparece el resultado de una auditoría ordenada por la Corte sobre la obra social mediante la Acordada 22/2021, firmada en octubre del año pasado, encargada a abogados, médicos y contadores públicos para que elaboren un reporte en el plazo de 120 días sobre el período del 7 de abril de 2008 hasta el 28 de septiembre de 2021.
El plazo está largamente vencido, sin embargo se desconocen los resultados de la auditoría, ordenada para esclarecer si hubo actos de corrupción cuando la obra social estuvo a cargo de Aldo Tonón, amigo personal de Maqueda.
Justamente uno de los puntos del pedido de informes de Parrilli apunta a determinar “el período en el cual el Sr. Aldo Tonón estuvo a cargo de la Obra Social” y si su designación en ese cargo “fue propuesta por el Ministro Juan Carlos Maqueda”.
En la página de internet de la obra social, Tonón sigue figurando con el cargo de “director”.
Parrilli pidió información sobre en qué período la contadora Melisa Solana “estuvo a cargo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación” y renunció apenas semanas después de haber sido designada en el área de finanzas.
Parrilli propuso que Rosatti informe al Senado sobre si “la Auditoria económica, financiera, de legalidad y de gestión en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación se encuentra revisando posibles irregularidades; el listado de las empresas prestatarias de servicios de la Obra Social; la forma de contratación de las empresas prestatarias de servicios, especialmente dos: Emergencia Médica Integral S.A. y Farmandat S.A.”.
Ambas son “prestatarias desde hace varios años de la Obra Social y de confirmarse lo que surge de la investigación en curso podrían haber generado un grave perjuicio económico”.
El sindicato de judiciales Sitraju se presentó en la causa que lleva adelante el juez Lijo y denunció que Emergencia Médica Integral carece de capacidad para atender las necesidades de la obra social, en tanto que sobre Farmandat S.A. existen dudas sobre sus reales responsables y su composición societaria.
El senador oficialista habló sin dobleces de “presuntas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación que involucraría al Ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda”.
Por Néstor Espósito, en Noticias Argentinas
