La legisladora recordó que la Ley Nº 26.691, sancionada en 2011, declara sitios de Memoria a los excentros clandestinos que funcionaron hasta el 10 de diciembre de 1983, asimismo designa al Poder Ejecutivo como responsable de garantizar su preservación, a los fines de facilitar las investigaciones judiciales y también la preservación de la memoria de lo acontecido durante el Terrorismo de Estado.
La legisladora radical indicó que la declaración de Sitios de la Memoria del Terrorismo de Estado invita a las provincias a adherir a la misma “para abrir paso a la reconstrucción de nuestro pasado y en un símbolo de lo que nunca más debe repetirse en nuestro país”.
La normativa nacional también precisa que para la consideración de sitios de la memoria será tomado en cuenta el informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas (Conadep), los testimonios vertidos en procesos judiciales y los registros obrantes en el archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de DD. HH., de la Nación.
Autoridad de aplicación
Además declara a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como autoridad de aplicación para propiciar la participación de Universidades Nacionales y otras instituciones educativas a fin de cooperar en el estudio y la investigación sistemática de los hechos históricos.
Para Romano esta ley garantiza la preservación, señalización y difusión de los sitios de memoria y su valor testimonial porque constituyeron una de las pruebas judiciales necesarias a fin de responsabilizar penalmente a los autores de los crímenes más aberrantes de la historia.