Piden que la quiebra de Sasetru se investigue como un delito de lesa humanidad

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró un dictamen sobre la quiebra y liquidación del grupo económico Sasetru, orquestada durante la última dictadura cívico militar, y solicitó que se lleven a cabo medidas de prueba para determinar si ese hecho debe investigarse como un delito de lesa humanidad perpetrado por funcionarios del Banco Central que respondían al exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

A mediados de la década de 1970, Sasetru era la principal productora de alimentos del país con más de 10 mil empleados, diez establecimientos fabriles y presencia en ciudades de Europa y América que la consolidaron como la primera multinacional argentina. Pero los funcionarios civiles del terrorismo de Estado la empujaron a una quiebra plagada de irregularidades que constituyó un despojo, según la denuncia que impulsa Jorge Salimei, uno de sus últimos directivos.

«Se trató de un genocidio laboral y económico. Lo hicieron porque Sasetru era una empresa que molestaba por su desarrollo. Pagábamos 15 sueldos por año y construíamos viviendas para nuestros trabajadores. Tenían que sacarla del medio para hacer otro modelo de país», indicó en diálogo con Télam Salimei,

A pedido de la Fiscalía Federal número 10 a cargo de Paloma Ochoa, que interviene en la causa, la Procuraduría elaboró un dictamen que indica que se debe investigar si la sesión de las acciones del grupo se realizó «mediante intimidación contra la voluntad» de los directivos de la empresa.

En una resolución de más de 85 páginas –emitida en diciembre pasado y a la que tuvo acceso Télam–, la procuradora de Crímenes contra la Humanidad, la fiscal María Ángeles Ramos, solicita investigar «las detenciones ilegales» que sufrieron los directivos de la empresa y la «venta ilegítima» del Banco Internacional (BISA), propiedad de Sasetru, al Bank of America por parte de funcionarios de la última dictadura militar.

En 2013, Salimei presentó una denuncia para que la quiebra de Sasetru se investigue como un delito de lesa humanidad, y en la actualidad es investigada por el Juzgado Federal Número 6.

Ramos sugiere en su dictamen que se adopten 25 medidas de prueba para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad, entre las que figuran declaraciones de testigos e información a distintas dependencias del Estado que la fiscal Ochoa deberá ahora evaluar para determinar cómo avanza la investigación.

«Queremos que esa causa avance y que se determine la verdad. Lo de Sasetru fue parte de un delito económico de lesa humanidad cometido para establecer un modelo de país», afirmó Salimei.

Economía y represión

Sasetru se constituyó en 1949. Su nombre era un acrónimo formado por las primeras letras de los apellidos de sus tres primeros socios: Jorge Salimei (padre), Ángel Seitún y Fermín Trucco Aguinaga. Con los años expandió sus negocios en la industria del aceite y los alimentos: exportaba el 30 por ciento de las oleaginosas y el 20 por ciento de los cereales del país.

En 1975, en pleno «Rodrigazo», una megadevaluación determinada por el Gobierno de Isabel Perón, Salimei padre muere y su hijo Jorge, de 20 años, toma su lugar en la empresa junto con sus otros dos socios.

Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la dictadura militar impuso un modelo de valorización financiera ejecutado por la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz, que aumentó de forma exponencial la tasa de interés y tuvo un efecto devastador para las empresas que necesitaban financiación.

Para contener el aumento de precios, el equipo de Martínez de Hoz definió un instrumento que se conoció como «La Tablita», para calcular el porcentaje de la devaluación de la moneda argentina. Sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso siguió sobrevaluado y el retraso de la paridad cambiaria afectó al sector exportador.

Sasetru entró en convocatoria y desde el Banco Central, su vicedirector Alejandro Reynal (quien desde 1991 vive fuera del país) presionó para la creación de un fideicomiso conformado por «un club de bancos» que se haría cargo de la gestión de la empresa. Sin embargo, el verdadero objetivo era apropiarse y despojar a Sasetru de unos de sus activos más importantes: el Banco Internacional (BISA), que fue obligado a endeudarse y a girar créditos a firmas vinculadas al gobierno que nunca fueron cancelados.

El Banco Central y el Banco Provincia negaron financiación y a principios de 1981, la empresa con una deuda de más de 500 millones de dólares, fue a la quiebra y obligada a vender el Internacional al Bank of America en una operación por la cual Sasetru no percibió «ni un peso», según cuenta Salimei.

La operación se concretó en marzo de 1981, días antes de que Reynal terminara su gestión en el Banco Central.

Tras la quiebra, 15 directivos de Sasetru fueron acusados de violar la ley de subversión económica, pero finalmente todos fueron sobreseídos en democracia. No obstante, la empresa cesó sus actividades.

Según se establece en el dictamen, «las detenciones ilegales fueron practicadas contra miembros de Sasetru y del BISA días antes de la venta del mismo por parte del BCRA», lo que pudo constituir «el verdadero móvil de las detenciones», que pasaba por «correrlos del medio».

Además, indica que el dinero de la venta del Banco Internacional, unos 150 millones de dólares, «desapareció íntegramente» y la querella que impulsa Salimei sostiene que el Bank of América «compró gratis» a la entidad financiera de Sasetru.

Esto fue posible por «la creación por parte del Banco Central de la República Argentina de unos bonos de ajuste financiero inyectados en el balance del Banco Internacional como una obligación del Estado a ser cancelada por el futuro comprador del Banco», agrega.

Además del interés económico y financiero para que Sasetru desapareciera del mercado local, hubo un límite que la empresa no quiso atravesar. La familia Salimei es de raigambre católica y conservadora. Sin embargo, la empresa había sido pionera en la cogestión entre trabajadores y empresarios y dos integrantes del directorio eran obreros de la compañía, tenía su propia obra social y había entregado 1500 viviendas a sus empleados.

Todo eso incomodaba a la dictadura. Pero hubo más. Salimei se negó a entregar al Ejército la lista de delegados sindicales, un pedido al cual accedieron otros empresarios. Tras la negativa llamó el temible Guillermo Suárez Mason, jefe de los escuadrones del Primer Cuerpo del Ejército. “Nos dijo: ‘será como ustedes desean, pero si llega a aparecer algún guerrillero en alguna de las fábricas, no voy a ir a buscar a los delegados gremiales. Los voy a ir a buscar a ustedes’”, relató Salimei hijo en una entrevista al diario Perfil.