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En las últimas horas, se conoció que se realizó una presentación judicial para detener escaneos de DNI, a través del Sistema de Monitoreo Móvil (Simmov), creado por dos empresas locales y el gobierno utiliza para relevar datos sanitarios de cada habitante, en la lucha contra el Covid-19.
El diputado justicialista Martín Palmieri promovió una acción autónoma de inconstitucionalidad ante la justicia y aseguró que “el gobierno usa como excusa a la pandemia del coronavirus para vulnerar los derechos de la ciudadanía».
La implementación de la app Simmov en la vía pública, en los comercios, bancos y supermercados para el escaneo del código QR de documentos viene generando una fuerte polémica entre las fuerzas políticas.
Está autorizado por la Ley 6.168, que aprobó la Cámara de Diputados de la provincia y establece que la policía, agentes sanitarios, cualquier trabajador estatal que este bajo la tutela del COE puede requerir el DNI de la ciudadanía y escanear el código de barras que está en el mismo. En la norma aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo de Jujuy no destaca el escaneo del documento.
Los creadores de la App, Ezequiel Escobar de U-Sound y Andrés Jara de Nubimetrics, dicen que la aplicación permite, por medio de la lectura del DNI, conocer si las personas están habilitadas para circular, alertar por incumplimiento de la cuarentena y hacer un seguimiento (trackeo), para que, en caso de detectar un caso positivo, conocer en qué lugares estuvo esa persona.
El Ejecutivo aclaró que todos los datos personales son confidenciales de acuerdo a la ley nacional 25.326, y que el escaneo es solo a los fines sanitarios en el marco de la lucha contra el coronavirus.
Según Palmieri, la norma “no establece que haya una recolección de datos, solamente establece la presentación del documento, es decir exhibir en este caso para que verifiquen si soy par o impar y seguir circulando. No afirma que la presentación del DNI signifique escaneo y mucho menos recolección de datos».
“Pedimos al Superior Tribunal de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley porque es inconcebible que una persona civil, por más que sea empleado público, pueda increparte, pueda escanear tu documentación y hasta imponerte una multa”
Palmieri informó que también se solicitó una medida cautelar para que mientras dure el proceso se suspendan estas acciones.
Aseguran que los ciudadanos tienen derecho a negarse al escaneo de su DNI
