Los diputados que confirman el PTS FIT presentaron un proyecto de declaración para que la legislatura y los concejos deliberantes de toda la provincial expresen «su repudio frente al juicio realizado por el juzgado contravencional a dirigentes sindicales, sociales, y políticos opositores» por manifestarse en el inicio de sesiones legislativas en el 2018.
Desde la izquierda afirmaron que «es un claro mensaje de disciplinamiento a quienes ejercen su derecho a manifestarse contra las políticas de ajuste por parte de Gerardo Morales que hace uso del juzgado contravencional y su código para judicializar la protesta…».
A contra mano de las falsas acusaciones que realizan en la causa, los diputados del FIT Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández sostuvieron que «en ningún momento la manifestación impidió que el gobernador dé por iniciadas las sesiones legislativas y brinde su discurso de apertura», como también afirmaron que «fue la policía quien cortó las calles varias horas antes del acto de inicio de sesiones, valló varias cuadras e incluso reprimió y tiró gases lacrimógenos».
«Este juicio es un grave precedente ya que juzga de conjunto a los principales sindicatos, organizaciones sociales y políticas. Desde el 2016 venimos sosteniendo que Jujuy ha funcionado como un laboratorio del ajuste y la criminalización de la protesta donde Morales se ha servido de la justicia como brazo ejecutor de esta política para perseguir y judicializar a los que luchan, pero también para sembrar el temor y la resignación a miles de trabajadores y sus familias».
«La existencia de un código y un juzgado contravencional votado por el PJ y la UCR que depende directamente del ejecutivo para atacar las libertades democráticas más elementales es una de las mejores expresiones del régimen policíaco en Jujuy, por eso exigimos la derogación del mismo».