Por Gustavo Vera, presidente de La Fundaciòn Alameda. Bajo la consigna de que «llegar a fin de mes no puede ser una condena», la Fundación La Alameda junto a más de 40 organizaciones de todo el país impulsan una campaña federal de recolección de firmas para exigir que el Congreso trate de forma urgente un proyecto de Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales de las Personas y los Hogares.
La iniciativa, argumentada en un análisis firmado por el exlegislador Gustavo Vera, expone un contraste histórico de la economía argentina: mientras el Estado intervino repetidamente en las últimas décadas para rescatar empresas y bancos mediante la absorción de pasivos o la reestructuración de deudas privadas, hoy son las familias trabajadoras las que deben endeudarse para cubrir gastos de primera necesidad.
Radiografía del sobreendeudamiento
La propuesta introduce la figura jurídica de «deuda esencial» para diferenciarla de las obligaciones comerciales o de inversión:
Alcance: Aplica a créditos contraídos exclusivamente para alimentos, alquileres, medicamentos, educación o servicios básicos (luz, agua y gas).
Pobreza endeudada: Se advierte sobre el fenómeno donde hogares con ingresos por encima de la línea de pobreza caen en una espiral de refinanciaciones, tarjetas de crédito, fintechs y préstamos personales solo para subsistir.
Puntos clave del proyecto
Para frenar la desprotección financiera de los hogares, la iniciativa plantea un paquete de medidas concretas:
Creación del Renaphege: Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales para diagnosticar la vulnerabilidad real.
Suspensión de ejecuciones: Congelamiento temporario de medidas judiciales y embargos mientras dure la emergencia.
Reestructuración de deudas: Mecanismos de quita de intereses, quita de capital, condonaciones y refinanciaciones acordes a la capacidad de pago de cada grupo familiar.
Campaña federal y recolección de firmas
La movilización busca juntar adhesiones en plazas, barrios y redes sociales de todo el país para presionar al Parlamento a debatir la propuesta, tomando como referencia antecedentes de consulta popular y programas de asistencia estatal desplegados en momentos de crisis severas.