Las seis profesionales de salud mental que prestaban servicio en el Hospital Wenceslao Gallardo fueron despedidas. Son tres psicólogas, una médica psiquiatra y una enfermera. Forman parte de los 88 especialistas que fueron cesanteados en cinco provincias. En Jujuy quedaron sin cobertura las poblaciones de las Yungas, la Quebrada y la Puna.
Romina Herrera, una de las psicólogas despedidas en Jujuy, relató en diálogo con El Submarino Radio (91.5) que en un inicio eran 16 quienes prestaban el servicio, de los cuales una decena quedó afuera por irregularidades en los contratos. «A las seis que quedamos, nos informaron que dejábamos de trabajar.
Venían trabajando sin cobrar desde febrero. «Estábamos trabajando igual, poniendo plata de nuestro bolsillo. Ahora se quedan sin atención los pueblos originarios, que es con quienes trabajábamos. Porque más allá de que seis personas nos quedamos sin trabajo, hay un compromiso ético y profesional que habíamos asumido con las comunidades a las cuales ya no vamos a poder seguir dando respuestas», explicó la psicóloga.
«Ahora no queda nadie; en Jujuy ya no hay más contratos de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Terminaron de desmantelarla», sintetizó, y destacó «los trabajos territoriales que se venía llevando adelante desde el 2012 hasta la fecha, en lugares de difícil acceso, donde la salud no llega fácilmente, que ahora se quedan sin atención».
Los profesionales, en tanto, esperan que les paguen lo que les deben. «Nos han informado que esta semana nos van a pagar, pero no creo que nos salden los seis meses juntos. Nosotras hemos enviado las facturas en tiempo y forma, como nos pidieron, todos los meses», precisó Herrera. Las facturas iban a nombre de la Universidad de Entre Ríos, por los honorarios correspondiente al trabajo realizado para la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación.
«Esto no nos asombra -analizó la psicóloga-, ya que el ministro (de Hacienda Nicolás) Dujovne anunció en conferencia de prensa que se iban a finalizar todos los contratos laborales de universidad. Ya no hay forma de que nos vuelvan a incorporar, más allá de que trabajamos hace seis años de forma precaria, facturando».
Herrera está segura de lo que dice, porque así se lo informó la directora de Salud Mental de la provincia de Corrientes mediante un audio de Whatsapp.
Jujuy no es la única provincia que quedó sin recursos humanos ni materiales para brindar esa cobertura. Pasó lo mismo en Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos.
En Misiones, miles de usuarios de salud mental quedan sin cobertura, muchos de ellos en las plantaciones de tabaco. En Chaco y Corrientes, barrios en situación de vulnerabilidad también quedaron sin atención primaria en Salud Mental. Entre Ríos sufre una situación similar, ya que varios lugares sólo contaban con la atención de los profesionales despedidos, por lo que quedan sin atención.
La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA), a cargo de Luciano Grasso, decidió el despido de 88 profesionales de esas cinco provincias. Estos trabajadores de la salud eran los encargados de aplicar la Ley 26.657 de Salud Mental del año 2010, que implicó un cambio de paradigma en las políticas públicas del área y que tuvo una amplia aceptación de todo el espectro político y de todas las áreas de la salud.
Además de la falta de formalidad del Ministerio que encabeza Adolfo Rubinstein a la hora de informar a los despedidos –que se encargaban de que cumpliera dicha ley en zonas alejadas de los centros urbanos o en zonas desfavorecidas–, miles de personas han quedado sin el derecho básico a una atención primaria en la salud mental.
Además la atención primaria, estos profesionales capacitaban a los referentes de salud de comunidades de pueblos originarios. En Jujuy, la tarea se realizaba en la Quebrada, la Puna y las Yungas, con patologías severas. «Fue muy difícil generar un lazo de confianza con las comunidades, y ahora en medio del trabajo del año, que venimos realizando sin cobrar, recibimos el audio de Whatsapp de la directora de Salud Mental de Corrientes diciendo que el trabajo se termina en septiembre. Pero nosotros planificamos todo el año, porque hasta diciembre se suponía que estaba asegurado. Ahora, como siempre, tenemos que poner la cara nosotros y es como mentirle en la cara a la gente”, dijo una de las profesionales despedidas al diario Tiempo.
Otro agente de Salud Mental de la ciudad de Posadas, Misiones, cuenta que el compromiso con la ley por parte de la nueva gestión es nulo. Este viernes, a través de una compañera afiliada a ATE, lograron que les confirmaran –aunque nuevamente de modo informal– que el Ministerio había decidido “dejar de subsdiar a las provincias con estos programas, y que si las provincias los necesitan que se hagan cargo”.
El ajuste en Salud, que ya se fue anunciando con el incumplimiento del calendario de vacunaciones, se profundiza en los sectores más humildes que son los usuarios de la atención de los profesionales despedidos.