La pelea se volvió más cruda en la última sesión legislativa del 11/06 que debía tratar el pliego de designación de jueces y que finalmente fue levantada por falta de quorum. Solo se hicieron presentes 20 diputados del FPV-PJ, y la UCR junto a sus ahora aliados de Lyder, y el Frente Primero Jujuy alineado con Massa, no se presentaron al recinto.
Por su parte, el bloque de diputados que responden al diputado nacional Rivarola (FpV) y aquellos del FUYO de Milagro Sala tampoco asistieron. Así la propuesta de jueces del oficialismo no pudo tomar curso. El desplante del PJ y el aliado FUyO despertó el descontento del presidente de la legislatura, el vice gobernador Guillermo Jenefes, quien ese mismo día tildó de irresponsables a los ausentes y justificó la necesidad de designar los cargos vacantes con el sistema actual.
Pero la verdad es que los radicales, como segunda fuerza en a la legislatura, y el PJ desde el gobierno vienen eligiendo los jueces en común. El mecanismo consiste en una nómina de postulados que presenta el propio Poder Judicial y que se lo remite al Poder Ejecutivo, esta nómina luego de recibir el visto bueno del gobierno pasa a la Legislatura donde pasa por el filtro del radicalismo que tiene la segunda mayoría. Es allí donde se consuma en un juego de “tomas y dacas” donde el PJ y la UCR elegían a quienes iban a ocupar los máximos cargos en la justicia hasta ahora. Si esto siempre fue así, ¿Qué razones llevaron al partido radical a cambiar de postura?
La UCR está de campaña
El radicalismo propone un nuevo método, como mencionó a un medio local el diputado provincial García Goyena: «No habría ningún problema de hacer una selección por un concurso. Un abogado que quiere ser juez o fiscal se presenta, se inscribe, y rinde el concurso de oposición de antecedentes..”. Pero justamente es la elección mediante concurso, la misma que el PJ propuso hacia fines del año pasado como parte de su malogrado proyecto de cambio cosmético de la constitución, la que rechazaron los radicales y ahora impulsan.
En ese entonces, la UCR acusó al PJ por proponer la reforma sobre la designación de jueces como una medida oportunista por ser en las vísperas de un año electoral. Según palabras del diputado por la UCR, Pablo Baca “cualquier reforma que pudiera impulsar el actual grupo gobernante, por los antecedentes de su actuación durante todos estos años, va a ser una reforma contraria al progreso de los derechos y cuya finalidad última es la limitación de la democracia en Jujuy y la consolidación de un modelo autoritario”.
El cambio de postura de los radicales comandados por Morales frente a la elección de jueces solo puede entenderse dentro del escenario electoral, donde el el Fellnerismo busca con urgencia anticiparse a la designación de jueces, y otros miembros del TSJ, ante la posibilidad de una nueva reconfiguración de la legislatura jujeña que no sea tan leal al gobernador.
La búsqueda de “diferencias” entre fuerzas políticas profundamente conservadoras y tradicionales en estas ocasiones, se presenta como un recurso útil de campaña y los radicales parecen hacer uso para aparecer diciendo algo “nuevo”, aunque tengan al fin y al cabo que renegar de su propia historia. Para la casta de políticos todo vale, mientras sigue la rosca por acomodar cada uno a sus jueces amigos.
Justicia para pocos o verdadera democratización
Volviendo a la propuesta de “cambio”, la elección por concurso, esta implica que sean los mismos miembros del Poder Judicial los que se elijan entre sí. Se imaginan qué podría cambiar si se eligen entre los mismos que conforman una pequeña casta de jueces, secretarios, fiscales llenos de privilegios como por ejemplo, tener un cargo sea vitalicio, recibir sueldos de arriba de 64 mil pesos equivalentes a once veces el salario básico de un trabajador estatal, y tener beneficios como la exención del pago de impuestos a las ganancias y contar con el 82% móvil de jubilación. La elección por concursos sólo reforzaría estos privilegios de la casta judicial.
Sus privilegios expresan el carácter de clase de la justicia, la cual está al servicio de los intereses de los más poderosos y los empresarios, al contrario de quienes dicen que se los remunera bien para que “no se corrompan”. De esta manera el poder judicial -pese a los fallidos intentos de reforma del kirchnerismo- termina facilitando la impunidad de empresarios genocidas como Blaquier del ingenio Ledesma, o legitima los más aberrantes actos de injusticia e impunidad contra los trabajadores, las mujeres violentadas y los sectores populares. Son sus intereses sociales los que chocan cada minuto con los de los trabajadores, ya que responden, junto a los políticos patronales, a un sector minoritario, que se enriquece a costa de la riqueza generada por la mayoría trabajadora. En este aspecto no hay diferencias entre el oficialismo y el radicalismo.
Democratizar en serio la justicia implica mucho más que medidas cosméticas. Una verdadera democratización de esta elite, tan alejada de las necesidades del pueblo trabajador, debería arrancar por medidas elementales como el cese en sus funciones de todos los jueces y fiscales que fueron cómplices de la dictadura o nombrados por espurios acuerdos como lo son los casos de Sergio Jenefes y Clara de Falcone ambos funcionarios del último gobierno de facto en Jujuy; la elección popular de jueces sin excepción y la revocabilidad de los mismos; y que los veredictos de los juicios sean dictados por jurados populares, además de que tanto los jueces como los legisladores ganen igual que un docente. Este es el programa que levantamos desde el PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.