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Se trata de Rubén Omar Calisaya, sargento primero de la Delegación Jujuy de la Policía Federal. Tras una semana de denuncias, marchas y acusaciones de encubrimiento por parte de la fuerza, el fiscal Alejandro Maldonado ordenó su detención luego de que la Cámara Gesell y los exámenes médicos confirmaran la gravedad del caso. El juzgado de violencia de género dictó la prisión preventiva por dos meses.
La captura de Calisaya se produjo entre la tarde y noche del pasado jueves en la ciudad de Palpalá. La justicia avanzó con medidas probatorias clave tras el desesperado periplo que denunció la familia de la menor de 13 años, que incluyó protestas frente a la Casa de Gobierno y la sede de la Policía Federal en calle Gorriti, donde denunciaron maltratos y burlas por parte de los efectivos al intentar asentar la denuncia el pasado 20 de marzo.
Una carátula demoledora
La investigación, a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se caratuló preventivamente como «Abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y por ser cometido contra una menor aprovechando la convivencia». Esta calificación técnica refleja la sistematicidad de los ataques que el uniformado habría perpetrado aprovechando su rol de padrastro.
Denuncias de encubrimiento y hostigamiento
El entorno de la víctima, encabezado por su tía Vanesa Martínez, denunció públicamente un esquema de protección hacia el sargento. Según relataron, familiares y allegados que participaron de las marchas fueron interceptados en la vía pública por efectivos de la Federal en supuestos «controles de rutina» para amedrentarlos. Incluso señalaron que, antes de la detención, se intentó internar a las víctimas en un hospital psiquiátrico para silenciarlas.
Audiencia imputativa
Este lunes se realizó una audiencia, donde el Juzgado de Violencia de Género dio lugar al pedido de la Fiscalía de imputar de manera formal al inculpado y dictó su prisión preventiva por el lapso de 60 días. Tras conocer las acusaciones que pesan en su contra, el efectivo policial designó abogado defensor y se negó a declarar.
Durante la misma, el efectivo abusador se negó a prestar indagatoria y se rechazó el pedido de invalidar los videos y declaración de testigos que se presentaron. Restan las pericias en dispositivos móviles y memorias secuestradas por las autoridades del MPA.
