Los citados fueron el subcomisario Néstor Mario Sotelo; el subcomisario Guillermo Andrés Rosso; el sargento Jorge Cazón; el comisario Marcelo Adaro; la sargento ayudante Rosalía González; el comisario Miguel Barboza; el cabo Víctor Cabrera; la comisario Noemí Aibar (que fue puesta a disponibilidad por la Jefatura policial y el Ministerio de Gobierno); el oficial principal Carlos Rivera, y el cabo primero Sergio Leguizamón. Los ocho primeros declararon el viernes pasado, mientras que los dos restantes deberán hacerlo el próximo viernes.
En la misma resolución en la que cita a los efectivos, el fiscal pide a las fuerzas investigativas que hagan lo mismo con el comisario inspector (RE) Jorge Arce, el comisario general (RE) Ernesto Ramírez, el comisario general (RE) Juan Cabrera y los asesores legales Elisa Escappini, Matías Ustarez Carrillo, Andrea Silvana Quintos y Ariel Roldán.
Cuestión de plata
Además de estas novedades relacionadas con la investigación judicial de los hechos ocurridos el 9 de diciembre pasado, que despierta expectativas sobre inmitentes imputaciones de efectivos policiales, los uniformados tienen más motivos para estar inquietos.
A pesar del compromiso que le arrancaron al gobierno provincial mediante extorsión, el sábado descubrieron que no se les liquidaron los salarios sobre la base del mínimo de 8.500 pesos de bolsillo, y en cambio recibieron un aumento salarial de entre 800 y 1.300 pesos, según la antigüedad y el grado, por distintos conceptos. Aún no saben si ese incremento está en blanco o en negro, es decir, si está incorporado al sueldo.
Los familiares de los policías, como siempre, son los que hablan públicamente. Por un lado, temen que las declaraciones testimoniales se conviertan en indagatorias, por la participación directa de centenares de integrantes de la fuerza de seguridad provincial, que tomaron y produjeron daños en los edificios de la policía y en la Casa de Gobierno, donde además golpearon a empleados públicos.
Por otro lado, está el secreto a voces de la connivencia de los policías con los grupos de jóvenes que cometieron robos y destrozos en más de medio centenar de negocios de las ciudades de San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Pedro y Perico, donde incluso hubo un asesinato mientras adolescentes atracaban un comercio de esa ciudad.
Este accionar muy tardío de la justicia penal local podría generar mucho malestar entre los azules, que entienden que tampoco se respetó el acuerdo en el sentido de que no se tomarían haber represalias por la actitud policial sediciosa y extorsiva.