Por DNU, Milei busca restringir el ingreso y expulsar a extranjeros

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este jueves, el Poder Ejecutivo estableció nuevas causales para impedir la entrada o tramitar la expulsión de ciudadanos extranjeros del territorio nacional. La medida alcanza a quienes emitan lo que el oficialismo defina como «mensajes de odio» o agravios contra los símbolos patrios.

EL DNU incorpora causales de prohibición de ingreso y expulsión del país para extranjeros. Según la comunicación oficial emitida por la Oficina del Presidente, la medida apunta a quienes dirijan o inciten a «mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino» o incurran en el ultraje de los símbolos patrios.

Desde el oficialismo argumentaron que la decisión surge en respuesta a «manifestaciones de hostilidad» observadas recientemente, sobre todo en redes sociales durante eventos deportivos internacionales.

Antecedentes y fallos en materia migratoria

Este nuevo decreto se suma a un conjunto de medidas impulsadas por la gestión actual respecto de la legislación migratoria.

Previamente, la Cámara Electoral declaró inconstitucional y nulo el DNU 366/2025, normativa que buscaba modificar las condiciones de acceso a la ciudadanía, arancelar la salud y la educación para extranjeros no residentes, y reconfigurar los trámites de naturalización. Aquella resolución judicial fue apelada por el Poder Ejecutivo y actualmente se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia.

Por otra parte, semanas atrás se formalizó la creación del Programa de Seguridad Migratoria, el cual faculta a las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA) a desempeñarse como policía auxiliar de la Dirección Nacional de Migraciones en tareas de control, detección y detención preventiva en el territorio nacional.

Con la publicación del nuevo DNU en el Boletín Oficial, se abre un nuevo escenario de debate político y legal sobre el alcance del decreto y su compatibilidad con la legislación migratoria vigente y los tratados internacionales firmados por la Argentina.

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