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Prat-Gay negoció con las provincias «moderación» en el gasto público para 2017

El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, en una nueva reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), acordó con los ministros de finanzas provinciales las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que prevén reducción del déficit, «moderación» en el gasto público y transparencia.  

Los ministros provinciales y el Ministro trabajaron juntos estos últimos dos meses a fin de lograr un articulado consensuado que se enviará al Congreso para incorporar dentro del Presupuesto 2017.

Se trata de un capítulo que expresa los parámetros que regirían durante el año próximo respecto de la Ley de Responsabilidad Fiscal: reducción de un 10% del déficit, en términos del PIB; transparencia en las cuentas públicas provinciales, que serán remitidas al Congreso Nacional; y moderación en el gasto público, que no podrá crecer más que el PIB nominal en 2017.

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal acordó un cronograma de trabajo conjunto para consensuar una reforma integral y definitiva que regirá a partir de 2018. “Mientras tanto estamos dando un primer paso que nos sirve para el año 2017”, declaró el titular del Palacio de Hacienda, quien celebró también “la sana costumbre de ir resolviendo juntos los problemas”.

El Ministro estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato; la subsecretaria de Coordinación Provincial, Nora Fraccaroli; y el subsecretario de Desarrollo, Nadín Argañaraz. En representación del Ministerio del Interior estuvieron el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli y el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero. También asistió la Coordinadora Técnico Administrativa del Consejo, Patricia Farah.

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal es el órgano de aplicación del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, creado por la Ley Nº 25.917. Su creación constituye un marco institucional adecuado para el ejercicio del federalismo, basado en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, su acción articulada y la necesidad de alcanzar consensos que permitan lograr un salto cualitativo en la calidad de la gestión pública. 

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