Este miércoles finaliza la jornada doble de protesta de preceptoras y preceptores de los niveles secundario y terciario, que reclaman el pago de 18 horas que habían conquistado en 2023 y que solo se cumplió durante un par de meses. Denuncian que el esquema actual genera desigualdades que consideran injustas. La protesta consistió en cartelazos en escuelas de toda la provincia.
Bajo la consigna «Horas trabajadas, horas pagadas», preceptores rechazan la implementación de la Resolución 3240/24 y circulares complementarias emitidas por el Ministerio de Educación, que modificaron las escalas de liquidación salarial para el sector.
El delegado gremial del Cedems, Emanuel Peñaloza, advirtió en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que esa Resolución recortó la carga horaria liquidada y generó diferencias de cobro de hasta 100 mil pesos por hora cátedra entre trabajadores que cumplen la misma jornada laboral.
«En el marco del jujeñazo de 2023, se había logrado un aumento considerable a toda la docencia en general, gracias a la lucha en las calles. En ese entonces, durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales, se acordó que todos los preceptores cobren por 18 horas cátedra entre agosto y diciembre de 2023. Sin embargo, en enero de 2024 pasamos a cobrar por 15 horas», explicó Peñaloza.
Según detalló, la Resolución 3240/24 divide arbitrariamente a los preceptores en tres categorías salariales según la jornada de cumplimiento:
- Preceptor común: cobra por 15 horas cátedra y debe cumplir 5 horas cátedra de permanencia (4 horas y 20 minutos reloj).
- Preceptor Tramo 1: cobra por 16 horas cátedra y cumple hasta la séptima hora de permanencia.
- Preceptor de Extensión Horaria: cobra por 18 horas cátedra y cumple jornada extendida hasta la octava o novena hora.
Peñaloza enfatizó que la mayoría de los establecimientos educativos del centro urbano funcionan bajo la modalidad de séptima hora, por lo que gran parte del personal encuadrado como «preceptor común» termina trabajando el mismo tiempo que un «Tramo 1».
«El conflicto principal es que todos terminamos cumpliendo la misma carga horaria, entre 5 horas y 20 minutos, pero a la mitad se le liquida por 15 horas y a la otra mitad por 16. Existe una diferencia salarial que varía según la antigüedad, pero en números redondos hablamos de entre 70.000 y 100.000 pesos por cada hora cátedra de diferencia», indicó Peñaloza.
Para un docente con más de 10 o 15 años de servicio, la brecha económica es sustancial debido al impacto en los adicionales por antigüedad, zona desfavorable y asignaciones familiares.
El delegado aclaró que la problemática afecta por igual a preceptores del nivel secundario y del nivel terciario, dado que a estos últimos se les liquida el cargo bajo el mismo criterio que en secundaria sin reconocer diferencias específicas del nivel superior.
La división como decisión política
Desde el gremio remarcan que las liquidaciones diferenciadas responden a una decisión del Poder Ejecutivo Provincial que requiere una resolución o decreto para equiparar la situación. «En los colegios donde trabajamos se inician expedientes para que el personal pase al menos a Tramo 1 y se elimine esa disparidad, pero la respuesta siempre es que se trata de una decisión política de mantener estas tres categorías», señaló.
El delegado gremial también advirtió sobre el impacto del esquema actual en el clima de trabajo dentro de las instituciones: «Se produce una suerte de división interna entre compañeros de un mismo colegio, donde se termina fiscalizando cuánto tiempo cumple uno u otro. Es una lógica de ‘divide y reinarás’ que genera malestar».
‘Funciones invisibles’
Peñaloza remarcó la sobrecarga laboral que enfrentan los preceptores y preceptoras, que va más allá de las tareas administrativas. «Nuestras funciones son complejas e invisibles», definió.
«Hacemos un trabajo de hormiga que va mucho más allá de cargar datos en el sistema Sinide o llevar planillas en papel. Muchas veces contenemos emocionalmente a los estudiantes, atendemos consultas de familias fuera del horario laboral y sostenemos la tarea pedagógica», describió.
En este sentido, piden que el Estado designe personal administrativo específico para las cargas del sistema y les permita a los preceptores y preceptiras dedicarse a la contención y acompañamiento de las alumnas y alumnos.
