El Comité de Expertas (CEVI) que funciona dentro de la estructura de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó hoy su «preocupación» por la reforma constitucional en Honduras para endurecer la prohibición del aborto.
El Congreso de Honduras, de mayoría conservadora, aprobó el 21 de enero la modificación del artículo 67 que «considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer» y, a partir de ahora, esta norma «solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional».
«Esta modificación implica una violación al principio general de no retroactividad y de progresividad de los derechos humanos y que conlleva una vulneración a los estándares internacionales en la materia y al derecho a la salud reproductiva de las mujeres, adolescentes y niñas», según un comunicado difundido por comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi),
«De ser ratificada esta modificación se contravendrían los más altos estándares internacionales en la materia al negar la posibilidad de reformar las leyes», alertó.
Asimismo, subrayó que este tipo de prohibiciones «generan en las mujeres consecuencias irreparables y pueden llegar a consolidarse como tortura y malos tratos a manos del Estado».
Por ello, solicitó al Estado hondureño tomar las medidas necesarias «para evitar la ratificación de dicha normativa y así cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos, asegurando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación».
Protesta
Cientos de mujeres marcharon el lunes en Honduras, en rechazo a una decisión del Congreso que reforzó la prohibición del aborto, en una manifestación donde también denunciaron un alto número de asesinatos vinculados a violencia de género.
«Encerradas pero no calladas ante la violencia y los feminicidios», decía una manta morada que encabezaba la marcha, amenizada con una banda por el centro de la capital, en las proximidades del Congreso. La manifestación coincide con el Día de la Mujer en Honduras, ya que un 25 de enero de 1955 ganaron su derecho a voto.
La protesta se llevó a cabo mientras el presidente Juan Orlando Hernández encabezaba la inauguración de la cuarta legislatura anual de su último año de gobierno, que terminará el 27 de enero del 2022.
En un comunicado de prensa, organizaciones feministas criticaron al Congreso porque el pasado 21 de enero reformó un artículo constitucional para que la prohibición del aborto establecida desde 1982 solo pueda ser eliminada con los votos de tres cuartas partes de los 128 diputados.
A los diputados «no les importa si fuimos violadas, si estamos muriendo o si solas cargaremos con la responsabilidad de un hijo vegetal o si muere al nacer», se quejaron.
Demandaron la derogación de la norma que niega el derecho al «aborto terapeútico».
Como ejemplo, citaron que en 2017 se registraron 101 partos de adolescentes por cada 1.000 embarazadas de todas las edades y en 2016 unas 775 niñas tuvieron que ser madres producto de una violación, mientras que anualmente se registran 2.300 casos de violencia «sexual».
«No queremos macho que nos asesine», cantaban durante la caminata.
En el comunicado aseguraron que la violencia contra las mujeres aumentó en 2020, cuando se registraron más de 90.000 llamadas de auxilio vinculadas a agresiones, al teléfono de emergencias de la policía.
Denunciaron que entre 2009 y 2020 más de 5.406 mujeres fueron asesinadas. En promedio, matan a nueve mujeres cada semana, según la declaración de las organizaciones feministas.