-¿Van a presentar una denuncia contra la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales por más de 1200 millones de pesos?
-Sí, así es. Según se ha logrado en los trabajos de auditoría, que no se han terminado de hacer, se ha detectado un faltante de más de 1800 viviendas. Me refiero a viviendas que han sido pagadas en su totalidad y no han sido construidas en distintos puntos de la provincia, lo que se sería equivalente, en valores actuales, a cerca de 1200 millones de pesos.
-¿Qué falta? ¿Más documentación?
-Sí, se están haciendo auditorías e inspecciones en cada uno de los lugares en donde debieron construirse las viviendas. Ya se han relevado los municipios de La Esperanza, Monterrico, Calilegua y San Salvador, entre otros. Según los programas y los expedientes del Ivuj y la Unidad Ejecutora Provincial debían construirse las viviendas, y se ha detectado que en algunos casos no están y en otros tienen avances de obra que no llegan al 20 o 30 por ciento.
-¿Se sabe por qué no se construyeron esas viviendas?
-Eso formará parte de la investigación judicial. Según han manifestado algunos de los intendentes, y así se va a hacer saber en la denuncia, algunos ya han hecho las presentaciones judiciales porque no han podido hacer las inspecciones correspondientes para verificar el avance de la obra. Es una conducta reiterada que se ha detectado, y por primera vez los intendentes han podido ingresar a los barrios a inspeccionar las obras, en enero y febrero, y cotejar la información de los planos con los expedientes y la inspección de las obras. La investigación está siendo llevada adelante por la fiscalía anticorrupción del gobierno de la provincia de Jujuy, conjuntamente con distintas reparticiones provinciales que son las que han provisto los expedientes y la documentación recaudatoria para certificar que las obras han sido pagadas y el lugar donde debieron realizarse.
-¿La denuncia va a recaer en el juzgado de Gastón Mercau?
-Eso va a depender de quién esté de turno en el momento de la interposición de la denuncia; todavía no está definido.
-Hubo un pedido de que la causa en la que Milagro Sala está imputada de fraude a la administración pública pase al fuero federal, por tratarse de fondos nacionales. ¿Cómo está ese tema?
-Hicieron una presentación ante el juez Daniel Rafecas, quien emitió el pedido de excarcelación al juez Fernando Poviña y este ya se expidió, diciendo que no corresponde la competencia federal por cuanto Milagro Sala no está detenida ante el juzgado federal. Esa es una de las causas, que ya ha sido resuelta. Otra es una denuncia iniciada por la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), que depende de la Procuración General de la Nación, que pide que se investiguen las causales de la detención de Milagro Sala, y ese trámite está en la fiscalía federal N° 2, que todavía no se ha expedido.
-¿Cuál es su posición al respecto?
-Yo entiendo que la competencia es provincial, por cuanto los delitos por los que está imputada son delitos comunes de orden provincial; salvo que en alguno de ellos se constituya o se configure el lavado de activos u otro tipo de orden federal, entones sí en ese caso tendría que pasar la competencia, parcialmente, a la justicia federal. Nosotros, varios abogados, hemos estudiado la cuestión, y llegamos a la opinión de que si bien los fondos provienen de un programa nacional, del presupuesto nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, al haber sido transferidos al orden provincial, adquieren carácter provincial. Y en ese sentido es que se abocaron los jueces y fiscales provinciales a entender en la causa. Ya existen antecedentes de orden federal donde se han hecho denuncias ante la justicia federal por fondos transferidos y se han declarado incompetentes.