El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Integrantes de la Multisectorial contra la Reforma Constitucional de Jujuy presentaron un amparo colectivo ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para pedir la nulidad del procedimiento realizado para modificar parcialmente la Constitución provincial, y denunciaron que el gobierno de Gerardo Morales busca «adecuar las cartas orgánicas de seis municipios» al texto normativo aprobado y jurado el 20 de junio pasado.
La demanda en el Poder Judicial fue interpuesta por Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que patrocina a las comunidades y pueblos indígenas, al denunciar que «hay una vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada y a los derechos humanos».
Pidieron, además, a los cortesanos/as locales que ordene la realización de un nuevo proceso de reforma que cumpla con los estándares vigentes en la materia.
«Solicitamos suspender la aplicación de todo el texto aprobado por la reforma parcial realizada, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo y se garanticen los derechos vulnerados a las comunidades», señalaron hoy en una conferencia de prensa.
En ese marco, el cacique del Pueblo Ocloya de Jujuy, Néstor Jeréz, resaltó en la defensa de las garantías de los derechos constitucionales y tratados internacionales de acceso a la información, la participación y al diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas.
«Rechazamos una reforma inconstitucional, inconsulta, de saqueo, de reducción de derechos de los trabajadores jujeños y abuso de poder del Estado», expresó y añadió: «está hecho a medida del poder económico concentrado y de las multinacionales».
También remarcó que «para nosotros esta reforma no está en vigencia, no existe y el pueblo se está expresando en las calles y en las rutas» porque «sus derechos están siendo vulnerados».
Sobre el derecho a la consulta libre, previa e informada que figura en el convenio 169 de la OIT, ratificado a través de la ley 24071, subrayó que está avalada por «un instrumento jurídico internacional de rango constitucional obligatorio para el Estado».
En tanto, Diego Morales, director de litio del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), mencionó que hay aspectos previos a la aprobación de la reforma que dan cuenta de un proceso acotado para el debate.
«El pueblo jujeño conoció la propuesta constitucional recién el 14 de junio, y a partir de ahí se organizaron protestas, y dos días después se aprobó ese texto cuando la convención se había convocado para trabajar durante 90 días», expresó y puntualizó que «además, el texto que va a comprometer a todos los jujeños se conoció recién un día antes de ser aprobado».
El 21 de junio es la fecha en la que el Poder Ejecutivo provincial oficializó, por intermedio del Boletín Oficial, la vigencia de la reforma parcial de la Constitución, un día después de la jura del texto y de la violenta represión policial en las calles.
Por otro lado, desde la Multisectorial resaltaron las «acciones pacíficas» que se están llevando adelante en los concejos deliberantes de buena parte de los municipios y vocalías jujeñas para lograr declaraciones de rechazo a la reforma.
La Multisectorial que agrupa a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas e indígenas, informó también que varios de los cortes de ruta que se registran en la provincia contra la reforma constitucional son «desde hoy por tiempo indefinido».
