El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Bajo el título «Jujuy es Argentina», se presenta este miércoles el informe sobre violaciones de derechos humanos y de garantías constitucionales en la provincia.
El trabajo fue elaborado tras la visita a Jujuy de un colectivo integrado por abogadas, periodistas, trabajadores sociales y militantes sindicales, quienes entre el 13 y 1l 15 de julio recibieron testimonios y denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Gerardo Morales.
Violación del derecho a la protesta y a la libertad de expresión; persecución política; abuso de poder; violencia institucional, y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna, son algunas de las situaciones relevadas por la Comisión.
La presentación del informe será este miércoles a las 13 hs. en el Congreso Nacional, con la presencia de diputados nacionales, militantes de derechos humanos y referentes políticos, sindicales y gremiales.
Pablo Pimentel, de la APDH-La Matanza, formó parte de la delegación que estuvo en Jujuy el mes pasado. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), dijo que la intención de la presentación del informe en el Congreso es «instalar en la agenda parlamentaria el tratamiento de los proyectos que piden la intervención del Poder Judicial de Jujuy».
La abogada Alejandra Cejas, que representa a referentes de organizaciones sociales que padecen persecución en la provincia, describió el informe como «muy duro, porque habla de la posible comisión de delitos por parte del Estado». En diálogo con El Submarino Radio, adelantó que ya están trabajando en presentaciones legales, por «el nivel de gravedad de lo que se plantea en el informe».
Durante la primera quincena de agosto, además, va a viajar a Jujuy otra comisión que completará el trabajo de recepción de denuncias y búsqueda de información.
Cejas se refirió en particular al juez Rodolfo Fernández, quien dio vía libre a los allanamientos pedidos por el fiscal Diego Funes contra organizaciones sociales y defendió públicamente esa decisión. «Me sorprendió escucharlo, dando conferencias de prensa, cuando nuestro Código de Procedimiento especifica que la información de las investigaciones solamente pueden ser parte el Ministerio Público, el juez y las partes».
«Esto arranca con una conferencia de prensa del fiscal Funes el 7 de julio, después de los allanamientos, y luego aparece el juez como otro actor político, hablando y justificando lo que hicieron en el expediente», señaló Cejas, y agregó: «Pero los jueces hablan por sus fallos; no pueden hablar cual puntero político».
Qué dice el informe
«De acuerdo a estándares internacionales, el testimonio de los integrantes de las organizaciones sociales y todas las víctimas en general, presentan no sólo graves violaciones a los Derechos Humanos, sino, entendemos nosotros, una amenaza cierta y concreta a la vida democrática y la división republicana de poderes en la provincia de Jujuy y por ende en el país». Estas son las Palabras Finales del informe que se presenta este miércoles, en el que, a lo largo de 50 páginas, se detallan los elementos recogidos durante el relevamiento realizado en Jujuy por la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos entre el 13 y el 15 de julio.
Mediante denuncias formales, entrevistas y testimonios orales y escritos, se enumeran casos de allanamientos irregulares, espionaje ilegal, infiltración, violaciones a la ley de inteligencia, persecución política con armado de causas, obstáculos a la debida defensa, hostigamiento a organizaciones sociales, detenciones, torturas, violaciones a derechos de los pueblos indígenas, despojos de tierras y la utilziación del Código Contravenciional orientado a la criminalización de la protesta social.
«Los casos detallados son algunos de los innumerables relatos en los que se manifiesta la extrema violencia política, institucional y de
género que atraviesa la cotidianidad jujeña y que permite dar cuenta, lisa y llanamente, de la ausencia del Estado de Derecho en
Jujuy», afirman.
El trabajo, además de describir situaciones puntuales, aporta un análisis del contexto político y social de la Provincia, que se inicia con el informe de 2021 titulado «Derechos Humanos en Jujuy. Una herida que sangra en la región», en el que se advertía que la persecución y el encarcelamiento planificado de Milagro Sala «marcaba un punto de inflexión en la provincia».
A través de la mención de normativa nacional e internacional, el informe pone el acento en los derechos vulnerados en Jujuy, como el derecho a la protesta, a la reunión y a la libre asociación. Y en el mismo sentido, cada uno de los casos descriptos están referenciados a la legislación vigente.
En las Palabras Finales, el informe hace un llamado a las autoridades federales de los tres poderes «a involucrarse de manera activa y urgente en la defensa de los derechos constitucionales y los derechos humanos de los jujeños y jujeñas, para salvaguardar su integridad física, libertades civiles y la vida política y social del pueblo jujeño». Y piden la «misma responsabilidad» a los medios de comunicación.
