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El Observatorio de la Riqueza, una organización que lucha contra la desigualdad y se identifica fuertemente con el papa Francisco, presentó a la Corte Suprema de Justicia un recurso para anular la fusión entre las empresas Cablevisión, del grupo Clarín, y Telecom, porque la conformación de este gigante de las telecomunicaciones y la información viola la Constitución Nacional.
Esta fusión fue adoptada por el Poder Ejecutivo a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en una de las tantas medidas del macrismo para favorecer al grupo Clarín, su principal sostén como oposición hasta diciembre de 2015 y ahora en el gobierno, por la vía de la denigración permanente de sus adversarios y el encubrimiento de sus acciones ilegales.
El recurso apela al “per saltum”, el mecanismo previsto legalmente para saltear instancias judiciales de modo que intervenga prontamente el máximo tribunal.
La presentación del Observatorio de la Riqueza pide la anulación de la fusión y la suspensión de todo el proceso que de ella deriva, pues es menester avanzar antes, dice, “con un marco regulatorio que garantice una serie de derechos constitucionales que estarían siendo violados al darle luz verde a esta nueva empresa con posición dominante en el sector audiovisual”.
Por ello, solicita a la Corte que convoque a audiencia pública para debatir “la necesidad de elevar la comunicación a la categoría de derecho humano y bien público en lugar de mera mercancía”.
La solicitud fue firmada por Guillermo Robledo, Eduardo Murúa y Clelia Isasemendi, integrantes del Observatorio. Ellos fueron acompañados, con su firma, por el ex juez federal Carlos Rozanski.
El régimen macrista comenzó a adoptar medidas favorables a Clarín apenas asumió. En efecto, en diciembre de 2015, difundió un decreto “de necesidad y urgencia”, usurpando las facultades del Legislativo pues no había tal “urgencia”, para anular algunas de las medidas principales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que esto significó en la práctica es la extensión, a favor de Clarín, de los cupos de mercado que puede detentar, tanto en medios audiovisuales como en el negocio de la televisión paga.
La Ley 26.522 estableció límites de acumulación en consonancia con los estándares internacionales, previstos en la Carta Interamericana, que sostiene que los países, para ser verdaderamente democráticos, deben tener pluralidad de emisores y voces, lo que no es posible con una empresa en posición dominante, capaz de abatir a los competidores, como Clarín ya hizo cuando se quedó con el negocio del fútbol, que el gobierno precedente anuló y que ahora, de la mano de Macri, recuperó.
La fusión entre Cablevisión y Telecom pone a Clarín en condiciones de ser la empresa dominante en servicios audiovisuales (radio y televisión), provisión de internet, telefonía móvil y telefonía fija.
El Observatorio recuerda que había presentado un amparo ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo que está analizando la fusión y todavía no se expidió sobre el tema.
La entidad denunció que la fusión viola la ley de defensa de la competencia, la Ley 26.305 de Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales y la de Entidades Financieras, 21.526. Además, dice, “vulnera la doctrina de la Corte Suprema de Justicia fijada en el fallo del 23 de octubre de 2013 que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Pero esta presentación no fue respondida, por lo que el Observatorio decidió recurrir a la Corte.
En su espacio oficial, esta entidad invita a los trabajadores argentinos y de América Latina a “participar de nuestro Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, que tiene por objetivo la puesta en práctica del mensaje de Francisco plasmado en la Encíclica Laudato Sí y el Documento a los Movimientos Populares de Santa Cruz Bolivia, entre el conjunto de su cotidiana prédica”.
Francisco, prosigue, “nos ofrece una oportunidad única a los pueblos de justicia y paz. Es nuestra responsabilidad encarnarla desde el más humilde al mejor pago de los trabajadores” y transformarlo en “nuevas políticas de Estado”.
