En una comunicación vía Twitter, el senador recordó que la ley otorgaba efecto suspensivo a las apelaciones, dilatando o anulando, en la práctica, el cumplimiento de la sanción. El proyecto prevé que los recursos directos contra las sanciones por violación a la Ley de Defensa del Consumidor se sustancien con efecto devolutivo.
La modificación que se propone se ajusta al principio general en la materia administrativa, conforme al cual «los actos administrativos son aplicables desde su emisión y los recursos que pueden interponer los administrados, no suspenden sus efectos», según el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.
El legislador aclaró que esta iniciativa no tiene que ver con el principio `solve et repete` de pague y reclame. «Ese principio es aplicable a los casos en que se exige el cumplimiento del acto administrativo como requisito previo para acceder a la revisión judicial. No es el sentido de la reforma», indicó.
«En consecuencia, una sanción aplicada a un comercio por infracción a la Ley 24.420, podrá ejecutarse aun cuando el comercio haya apelado la decisión administrativa del Gobierno», dice el comunicado.
Indica que «la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a la cantidad de denuncias que se vienen recibiendo de todo el país, a partir del lanzamiento del Programa `Precios Cuidados`, dando cuenta de las maniobras especulativas de quienes, sin justificación alguna, elevan los precios de los productos, impactando de lleno en el bolsillo del consumidor».
En tal sentido, el senador aseguró que «la ley de Defensa del Consumidor otorga al Estado las herramientas para sancionar a los especuladores».
«El proyecto presentado busca evitar que el infractor goce de una herramienta procesal que le permita dilatar los plazos de cumplimiento de las sanciones acentuando la desigualdad con el consumidor», expresa el escrito.