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Una demanda colectiva sin precedentes se presentó ante la justicia en contra de la empresa Ejesa por el colapso del sistema eléctrico que afectó a la provincia entre el 17 y el 20 de julio pasados. Alejandro Mur, referente del Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores de Jujuy (Codecuc) advirtió que el reciente decreto emitido por el Gobierno provincial representa «mucho ruido y pocas nueces».
La acción judicial busca reparar los perjuicios sufridos por aproximadamente 120.000 usuarios residenciales —alrededor de la mitad del total de clientes de la provincia— que permanecieron sin suministro durante el apagón masivo a mediados de julio.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Alejandro Mur señaló que el Decreto Acuerdo provincial firmado tras el colapso del servicio no abordó el problema de fondo, que es los elevados montos de las facturas ni la estructura tarifaria y tributaria vigente.
«Por más que esté firmado por todos los ministros, es un decreto que tiene sabor a poco y nada. No se bajó el precio del kilovatio ni se modificó ningún cargo de tasa o impuesto», explicó Mur. Según el titular de la entidad, el único cambio dispuesto fue la postergación de la suspensión del suministro: la interrupción por falta de pago pasa de aplicarse a los 20 días del primer vencimiento a computarse recién a partir del segundo vencimiento consecutivo.
Para la organización, la medida no resuelve la morosidad ni la imposibilidad de pago que atraviesan los sectores perjudicados, sino que únicamente «traslada la angustia 30 o 60 días más adelante». Además, denunciaron que la empresa distribuidora continúa notificando y ejecutando interrupciones de servicio.
Una acción judicial inédita
Frente a esta situación, Codecuc formalizó una demanda ante la justicia en representación del universo de usuarios T1R (Pequeña Demanda Residencial) damnificados por el corte extraordinario de julio.
Mur detalló los tres ejes centrales de la demanda. Por un lado, piden a la justicia que le ordene a Ejesa no facturar los días en que el usuario no contó con energía eléctrica o, en caso de haberlo cobrado, se devuelva el dinero actualizado con intereses mediante refacturación.
En segundo lugar, piden que se imponga a la distribuidora la sanción máxima establecida en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), al atribuirle responsabilidad directa por el fallo del sistema, en consonancia con lo determinado por la Susepu mediante la resolución 243.
Además, solicitan que se condene a Ejesa a resarcir los perjuicios económicos y morales ocasionados a las familias afectadas.
En paralelo, la presentación solicita una medida cautelar urgente para prohibir la interrupción del suministro por mora a los sectores en situación de vulnerabilidad, comprendiendo a jubilados, pensionados, personas con discapacidad, desempleados y familias de bajos ingresos.
Un panorama crítico para septiembre
El planteo judicial se da en un contexto signado por el incremento generalizado de los servicios y la paulatina quita de subsidios fijada por la Secretaría de Energía de la Nación.
Mur comentó la encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo de Jujuy: «Ellos consultaron en la plaza Belgrano, en el puente Lavalle, en diferentes sectores de la ciudad, preguntando a las personas cómo se sienten con el tema de la factura de los servicios públicos, y de 10 personas que encuestaban, 7 decían que tenían problemas o no podían pagar la factura. Es tremendo».
«En septiembre van a volver los problemas -vaticinó el especialista-. La deficiencia de servicios ya existe, pero se va a agudizar la situación porque va a seguir incrementándose el precio de la energía eléctrica en Jujuy». Y explicó que esto se producirá al trasladarse de forma directa el costo del mercado mayorista a la tarifa final, sumado al impacto proporcional de las tasas provinciales y municipales.
