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En el salón Marcos Paz de la Legislatura, la Fundación Siglo XXI presentó el monitoreo integral titulado «A 5 años de la Ley Iara en Jujuy: Aportes desde la sociedad civil para profundizar la implementación de las políticas públicas de género». El informe analiza el cumplimiento de la normativa (Ley N°6186) con foco en las áreas de educación, salud y seguridad.
La exposición estuvo a cargo de las referentes Verónica Aramayo, Andrea Batalla y Eugenia Aramayo, quienes detallaron los avances y obstáculos de la ley de emergencia sancionada en 2020. Del encuentro participaron legisladores, funcionarios provinciales, representantes de organizaciones sociales y Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda.
Un antes y un después en las políticas de género
Andrea Batalla, coordinadora de la investigación, señaló que la normativa permitió abrir la Legislatura a los movimientos de mujeres tras un contexto crítico de femicidios en la provincia. Según el estudio, la Ley Iara marcó un quiebre que consolidó al Consejo Provincial de las Mujeres como organismo rector y permitió la creación del Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición (Cindac).
Entre los avances destacados se mencionan la ampliación de centros de atención territorial, mejoras en programas de salud sexual y capacitaciones docentes para detectar violencia en las escuelas. Sin embargo, el informe advierte que persisten barreras estructurales y una crisis en los recursos humanos, marcada por la sobrecarga laboral y la falta de reconocimiento en sectores clave.
El pedido para que la ley sea permanente
Uno de los ejes centrales del debate fue la naturaleza transitoria de la normativa, que actualmente debe renovarse cada dos años. Las referentes de la fundación plantearon la necesidad de que la Ley Iara se convierta en una política permanente, argumentando que la violencia de género es un problema estructural que requiere una herramienta sin fecha de vencimiento.
Desde la fundación también se hizo hincapié en la necesidad de transparentar la asignación presupuestaria. Batalla advirtió que sin recursos económicos suficientes, la ley corre el riesgo de convertirse en letra muerta, subrayando que el financiamiento es vital para que las políticas públicas logren salvar vidas de manera efectiva.
El contexto nacional y los desafíos locales
El informe también analizó el impacto del retiro del Estado nacional en programas como la Educación Sexual Integral (ESI) y la desaparición del Ministerio de las Mujeres. En este escenario, las especialistas coincidieron en que las respuestas quedan sujetas a las decisiones políticas de cada provincia, lo que debilita la capacidad de respuesta coordinada.
Finalmente, el equipo técnico detalló que el trabajo se estructuró en cuatro ejes: dispositivos de atención, salud, educación y seguridad. A través de entrevistas a funcionarios y trabajadores de base, se concluyó que, si bien existe un consenso sobre el valor de la ley, es urgente garantizar que las capacitaciones en perspectiva de género dejen de ser opcionales y formen parte de la formación obligatoria del servicio público.
INFORME MONITOREO LEY IARA FINAL
