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El titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, advirtió que la disposición de los jueces de Jujuy sobre la salida de Milagro Sala del penal de Alto Comedero es “el cambio de una prisión a otra”, y explicó que «la prisión domiciliaria debe realizarse en el domicilio donde vive, rodeado de los suyos».
Según consigna el diario Página|12, para Eguiguren, la decisión del gobierno de Gerardo Morales de enviar a la dirigente social a que cumpla su detención en la casa de El Carmen, imponiéndole restricciones y condiciones similares a las de un penal, no son otra cosa que “el cambio de una prisión a otra prisión”.
“Eso no es prisión domiciliaria”, remarcó Eguiguren, y señaló que desde la CIDH están a la espera de recibir información oficial sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Advirtió de todos modos que el camino emprendido por el gobierno de Morales no es el que marcó el organismo.
A mediados de esta semana el juez Gastón Mercau dispuso que Sala sea trasladada, pero no a su casa de Cuayaya, en San Salvador de Jujuy, sino a una propiedad en El Carmen que fue vandalizada y no tiene puertas, ventanas, conexión eléctrica, agua ni sanitarios.
Este viernes, su colega Pablo Pullén Llermanos -quien está a cargo de otras dos causas en las que Sala tiene dictada la preventiva- ordenó enviarla a ese mismo lugar y fijó un plazo de quince días a partir de la notificación, que podría acortarse en caso de que antes arreglen la casa.
«Pasar a una persona de una prisión a otro lugar que no es el domicilio, no es prisión domiciliaria. Eso es cambio de una prisión a otra prisión», advirtió Eguiguren en diálogo con Radio Rebelde, consigna Página|12. Al respecto, el titular de la CIDH precisó que «la prisión domiciliaria debe realizarse en el domicilio donde vive, rodeado de los suyos».
Pullén Llermanos impuso una serie de restricciones y reglas para la salida de Sala del penal de Alto Comedero que en los hechos replican las condiciones de detención del penal. Entre otras, determinó que al margen de los parientes directos, solo podrán ingresar y permanecer en el inmueble hasta cuatro personas a la vez y en el horario de 7 a 19, los días martes, jueves y sábados, con un límite máximo de veinte personas por cada día de visita.
También estipuló que Sala deberá someterse a un control médico y psicológico dos veces a la semana y que ni ella ni sus familiares y visitas podrán consumir bebidas alcohólicas. Ordenó, además, la implementación de una tobillera de monitoreo electrónico para controlarla y un dispositivo de custodia integrado por Gendarmería y la policía provincial en forma permanente.
“Haremos un seguimiento del caso”, explicó el titular de la CIDH. En atención al grave riesgo para la vida e integridad física de la dirigente social en el penal de Alto Comedero, el organismo internacional admitió medidas alternativas como la libertad controlada por medios electrónicos o la prisión domiciliaria, pero no en los términos que ahora definió la justicia jujeña.
«Vimos a una persona que estaba siendo sometida a un aniquilamiento; vimos una persona acorralada, cohibida», recordó Eguiguren de la visita que junto a otros integrantes de la CIDH le hicieron en Alto Comedero, y remarcó también que consideraron “excesiva la prisión preventiva», que tiene que ser “una excepción y no la regla», tal como estableció el organismo en su resolución.
El titular de la CIDH también salió al cruce de Morales, quien cuestionó la orden del organismo internacional y calificó a sus miembros como “burócratas que viven en Washington”. «No somos burócratas, como dicen por ahí. Yo vivo en Lima», le retrucó Eguiguren.
