El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento con prisión preventiva de cuatro internos alojados en el Servicio Penitenciario de Jujuy, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas y extorsiones mediante la suplantación de la identidad del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.
La medida recayó sobre Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, a quienes el magistrado imputó como coautores de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad.
De acuerdo con la investigación, la maniobra se desarrolló al menos entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 desde el Establecimiento Penitenciario 7, ubicado en el barrio Alto Comedero.
Para llevar adelante las estafas, los internos utilizaban teléfonos celulares ocultos en las celdas, tarjetas SIM y perfiles de WhatsApp configurados con la fotografía de Rosatti e imágenes del Palacio de Tribunales. Con esa fachada, se comunicaban con dependencias policiales, penitenciarias y fuerzas de seguridad simulando ser el titular del máximo tribunal para requerir información sobre personas detenidas y datos de sus familiares.
A partir de allí, contactaban al entorno de los reclusos y exigían transferencias de dinero a cuentas bancarias y billeteras virtuales bajo la promesa de gestionar liberaciones, fianzas o supuestos premios de empresas privadas.
La causa se inició a fines de noviembre de 2024, cuando un llamado intimidatorio a la Policía Federal alertó sobre las maniobras y permitió rastrear las comunicaciones hasta el penal jujeño.
Durante las requisas efectuadas en el transcurso de la investigación, el personal policial secuestró teléfonos, chips y anotaciones con números de CBU.
Pese a los controles internos, la actividad ilícita continuó durante meses, mientras los integrantes de la red intentaban eludir los operativos y coordinar el desvío de los fondos obtenidos.
Ercolini desestimó los descargos de los acusados y ratificó la prisión preventiva, remarcando la gravedad del uso institucional de la figura del presidente de la Corte para consumar los ilícitos.