Se realizó este jueves una conferencia de prensa en el Congreso nacional para denunciar la situación de Nahuel Morandini y Roque Villegas en Jujuy, detenidos hace 50 días por tuitear sobre el exgobernador Gerardo Morales. Lucía Castro, pareja de Morandini, y Claudia Villegas, hermana de Roque, encabezaron el encuentro del que participaron la diputada nacional Natalia Zaracho, representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales, e integrantes de las defensas.
Nahuel Morandini y Roque Villegas están presos en el penal de Gorriti de San Salvador de Jujuy desde el 4 de enero pasado, imputados de los delitos de lesiones a la salud psíquica, alteración del estado civil y supresión de la identidad de la hija de Gerardo Morales y Tulia Snopek, y de violencia de género contra Snopek.
Durante la conferencia se difundieron las irregularidades y violaciones a los derechos humanos de los que son víctimas, poniendo el acento en la actuación del Poder Judicial jujeño como una herramienta de persecución que busca acallar a las voces opositoras. Además se denunció que el procesamiento de Morandini y Villegas implica la violación de todos los estándares internacionales referidos a la libertad de expresión.
Elizabeth Gómez Alcorta, abogada que integra el equipo de defensa de Morandini, leyó al auditorio el posteo por el cual detuvieron y procesaron a Nahuel Morandini. «No amenazó, no instigó a la violencia, no calumnió ni injurió, no nombró a nadie, no mencionó tácita, explícita o simbólicamente a ninguna criatura, no usó ninguna imagen y además escribió en potencial», describió.
En este sentido, la abogada puso énfasis en que esta causa implica una violación al derecho a la libre expresión, de acuerdo a los estándares internacionales y constitucionales referidos a esa cuestión.
«En Jujuy hace ya muchos años que el estado de derecho es una farsa», afirmó Gómez Alcorta, y recordó que ya pasaron 8 años de la detención arbitraria de Milagro Sala, por la cual el estado argentino es responsable.
Remarcó luego que «todo el Estado» de Jujuy está involucrado en esta causa, a la que calificó como «un escándalo político y judicial», pues son seis las partes acusadoras, incluidos organismos oficiales provinciales, «sin contar con el juez estrella (Pablo) Pullen Llermanos, violento y abusador del derecho y el Poder Judicial».
De la conferencia participaron además Pablo Lachener, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, y representantes de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (Adiunsa). Estas organizaciones, junto a Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y Amnistía Argentina realizaron presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría en Libertad de Expresión de la ONU.
El representante del CELS recordó que hace tiempo vienen «alertando sobre las violaciones a los derechos humanos en Jujuy», y repasó: «Esto se inicia con la detención arbitraria de Milagro Sala, luego con la persecución y uso abusivo de la fuerza y la represión a la protesta social» en la cuestionada reforma de la Constitución provincial.
Lachener mencionó el caso del abogado Alberto Nallar, que fue detenido y condenado a casi cuatro años de prisión «por usar un megáfono en un corte de ruta».
«Esta situación solo puede explicarse mediante la utilización del aparato estatal, en particular el Poder Judicial, para perseguir a los disidentes y acallar las voces opositoras», continuó.
Destacó que el posteo de Morandini es «la única prueba» en el expediente y reveló que desde las organizaciones de derechos humanos le aportaron al juez de la causa material sobre los estándares internacionales de libertad de expresión.
«Vemos acá una banalización del derecho penal y de la historia», señaló Lachener, y calificó como «una forma maniquea de ver los tipos penales» la interpretación de los fiscales y el juez para avanzar con la causa.
En esta línea, remarcó: «Es absurdo hablar en este caso de supresión de identidad de una persona, cuando sabemos la gravedad que tiene esto en la historia argentina».
En el auditorio estuvieron presentes diputados y diputadas nacionales en apoyo al reclamo por la liberación y el desprocesamiento de Morandini y Villegas. Entre otros, Carolina Moisés, Mónica Macha, Daniel Gollan, Federico Fagioli, Itai Hagman y Nicolás del Caño.
A su turno, la diputada nacional por Jujuy Leila Chaher (Unión por la Patria), dijo que en Jujuy hay un «estado de persecución desde hace 8 años» y llamó la atención sobre una reunión que mantuvieron en Buenos Aires Ekel Meyer, presidente de la Corte de Justicia jujeña, y Sergio Lello, titular del Ministerio Público de la Acusación, con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
«Jujuy es un laboratorio, es la antesala de los proyectos conservadores en el país», advirtió.
Su par Alejandro Vilca (PTS-FIT) afirmó que «nadie puede decir que la justicia de Jujuy es independiente» y remarcó que la avanzada judicial «es un método para silenciar y acallar a los que protestan o critican a un gobierno».
Acompañé a familiares y amigos de Nahuel Morandini y Roque Villegas, detenidos hace 50 días por twittear en contra del ex gobernador Gerardo Morales.
¡Libérenlos ya! pic.twitter.com/4A8tloEjAU— Leila Chaher (@leilachaher) February 22, 2024