Presos por tuitear: Reiteran pedido de sobreseimiento a la justicia, después de un año

En las últimas horas de ayer, la defensa de Nahuel Morandini solicitó nuevamente su sobreseimiento en la causa por la cual estuvo 53 días preso a raíz de un chiste que publicó en la Red Social X (ex Twiter).

En el escrito, los abogados, Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazábal reiteraron el pedido por inexistencia de delito y plantearon que existe un desistimiento tácito de la acción penal, por parte de la fiscalía.

A más de un año de haber logrado la libertad de Nahuel, luego de numerosas acciones por parte de la familia, acompañada por sindicatos, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos, la causa está paralizada.

La justicia nunca convocó a la audiencia de control de la acusación que, según el Código Procesal, debe realizarse dentro de un plazo de cinco días y por eso la defensa planteó que se está vulnerando el derecho de Nahuel a ser a ser juzgado en un plazo razonable: principio constitucional que protege a todos los imputados, especialmente en este caso que presenta medidas restrictivas.

En febrero del 2024 la defensa presentó el pedido de sobreseimiento por inexistencia de delito, solicitud que, transcurrido un año, nunca fue tramitada y está pendiente de respuesta.

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Ante esta situación los abogados presentaron un escrito ante la Oficina de Control Judicial, recordando que las actuaciones están paralizadas e insistiendo en el pedido de sobreseimiento.

El Fiscal, Walter Rondón, que llevó adelante esta vergonzosa causa -un leading case según él-, tuvo que irse por la ventana del Ministerio Público de la Acusación por una auditoría en que lo investigan por irregularidades en una causa por abuso y corrupción de menores.

Agregando a su currículum denuncias por mal desempeño y pedidos de destitución por parte de distintos sectores de la sociedad jujeña.

En el escrito la defensa planteó que, de no reactivarse la causa y de no desistir el Ministerio Público de la acción penal, se verá obligada a presentar las correspondientes denuncias penales y administrativas por denegatoria de justicia y violación de los deberes de los funcionarios.

Es momento de que la justicia desista de las causas como ésta, motivadas por la persecución político-judicial montada por el exgobernador Gerardo Morales y sus acólitos en la justicia.

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