El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Ejecutivo nacional generó una fuerte advertencia en el ámbito académico.
La propuesta asigna $7,3 billones a las universidades públicas (0,52% del PBI), una cifra sustancialmente menor a los $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento operativo y la recomposición salarial de docentes y nodocentes.
Más allá del impacto numérico, el punto de mayor tensión radica en el Artículo 12 del Capítulo II. La normativa exige que cada casa de altos estudios argumente ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias la finalidad de los fondos solicitados, facultando al Ministerio de Capital Humano a suspender giros de dinero si considera incompleta la información.
Los puntos centrales del conflicto
Brecha presupuestaria: Asignación oficial del 0,52% del PBI frente al reclamo del CIN y el 6% pautado por la Ley de Educación Nacional.
Control de recursos: La transferencia efectiva queda condicionada al criterio de aprobación de la cartera nacional.
Cuestionamiento legal: Advierten que la medida colisiona con el Artículo 75 (Inciso 19) de la Constitución Nacional, el cual resguarda de manera explícita la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
