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Tras una pérdida de cerca de 45.000 hectáreas de bosques nativos, el ministro de Ambiente de la Nación firmó ayer la Resolución 56/2018 en la cual instó a la provincia de Salta a dejar sin efecto distintos permisos de desmonte autorizados por decretos provinciales en 2010 (decretos 2211/10 y 3136/10).
La medida afecta las propiedades de reconocidos empresarios, tanto del sector agroindustrial como de otros rubros. Entre ellos, según consta en el Anexo del decreto, se destaca por ejemplo la finca «Cuchuy», perteneciente a Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña. También se encuentran mencionadas fincas como «El Carmen», de la familia Navilli (dueños de Compañía Argentina de Granos y Molino Cañuelas, entre otras), «La Maravilla», de Alejandro Roggio (referente del Grupo Roggio) o «Nuevo Horizonte», de los empresarios Andrés von Buch y Arnaldo Hasenclever, entre otros. Todas localizadas en el departamento de San Martín, en el extremo norte de Salta.
Se estima que por los permisos que había dado la provincia, entre 2009 y 2017, se habrían registrado una pérdida concreta de 44.767 hectáreas de bosque nativo, por 32 habilitaciones que, en base de los decretado por Sergio Bergman, resultan ahora violatorias de la Ley de Bosques (N´ 26331).
Específicamente, afirmó que «si bien dichas normas fueron derogadas en 2014 por la misma provincia, mediante el decreto 3749/14, mientras estuvieron vigentes se autorizaron cambios de uso de suelo en 32 fincas, sobre alrededor de 80.000 hectáreas de bosques protegidos en zonas rojas y amarillas».
La organización ecologista Greenpeace años atrás había advertido sobre el tema. En 2014 denunció los desmontes y frenó de hecho la acción durante un mes. En diciembre pasado, la propia organización denunció que las topadoras había vuelto a arrasar con cerca de 900 hectáreas más de bosques nativos. La presión en redes sociales y campañas de difusión motivó la decisión de Ambiente, que además de exigir a la provincia que gobierna Juan Manuel Urtubey la paralización de los desmontes, instó a restaurar más de 40.000 hectáreas y prohibió la emisión de certificados de exportación de palo santo provenientes de estas áreas.
En un documento actualizado a 2016, Greenpeace apuntó que en fincas como la de «El Carmen», que abarca 7407 hectáreas de las cuales 90% son bosques nativos y catalogada en Categoría II-Amarillo (no permite desmonte, sí aprovechamiento sustentable), el gobierno salteño había autorizado el cambio de zonificación a Categoría III-Verde «para poder realizar el desmonte de 3327 hectáreas para agricultura y ganadería». En el caso de «Cuchuy», la estancia fue clasificada en las Categorías I-Rojo y II-Amarillo, donde se prohiben desmontes, sin embargo por el cambio de zonificación se denuncia que lleva desmontadas más de 6000 hectáreas. «Celebramos que Nación y provincia tomen la decisión de defender a los bosques y su gente. Se estaba cometiendo un crimen y violando impunemente la Ley de Bosques, y la casa, el almacén y la farmacia de comunidades indígenas. Braun Peña deberá sacar ya a las topadoras del bosque», afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
El decreto establece además que de continuar ejecutándose las autorizaciones se sumarían otras 33.386 hectáreas de pérdida de bosques. En tanto, el Ministerio de Producción de Salta anunció que se procedió a la suspención de la ejecución de los cambios de uso de suelos autorizados. «En este marco, la Secretaría de Ambiente notifica a Braun Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy».
