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El juzgado federal 1 de La Plata, a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla, dictó el procesamiento con prisión preventiva contra cinco militares que habían sido detenidos la semana pasada por el delito de homicidio agravado contra los militantes peronistas Griselda Esther Betelú y Raúl Martín Alonso, ocurrido el 9 de marzo de 1977.
Los militares procesados son el segundo jefe del Batallón de Comunicaciones Comando 601 de City Bell, el mayor Carlos Alberto Bazán; el oficial de Inteligencia o S2, teniente primero Ángel Francisco Fleba; el oficial de Operaciones o S3, mayor Eduardo Arturo Laciar; el oficial de Personal del Batallón de Comunicaciones Carlos Felipe Maisonnave, y el jefe de la Compañía “B” Maipú del Regimiento 7, teniente primero Augusto Edmundo Caselli Gracés.
En el caso de Caselli Gracés y Maisonnave, ambos se encontraban en libertad.
El operativo juzgado ocurrió en el complejo de viviendas llamado Barrio Foecyt, en los terrenos linderos a la estación de trenes de Villa Elisa (línea Roca).
Según el relato de Humberto Rosas Suárez, un vecino que fue testigo directo del operativo, esa noche se detuvo en la puerta del dúplex un Falcon del que bajaron dos personas vestidas de civil que comenzaron a gritar hacia la ventana del segundo piso del departamento y se fueron en el automóvil a alta velocidad. Veinte minutos después, llegaron al barrio camiones y camionetas militares, y unos 200 soldados y oficiales del Ejército, vestidos de fajina, se desplegaron en los alrededores de la casa.
Según las actuaciones labradas luego, asistieron al operativo la Sección “Recuperación” del Batallón referido y una Compañía Operacional del Regimiento de Infantería 7 de La Plata.
Primero un grupo del Batallón 601 trató de ocupar el edificio donde se encontraba el departamento atacado y el oficial a cargo, Álvaro Carlés, resultó herido por un disparo de arma de fuego cuya procedencia no está confirmada. Como consecuencia, se replegó ese grupo y se inició un ataque con armas de apoyo con la finalidad de aniquilar a las víctimas.
El oficial del Regimiento 7 Caselli Gracés reconoció en su declaración indagatoria la participación de un «grupo antisubversivo» a su cargo y dijo que se trató de un operativo al que debía concurrirse “con armamento completo”.
El operativo duró alrededor de tres horas y finalizó con el incendio de la vivienda por la utilización de lanzacohetes de la compañía de infantería. Una vez que el fuego fue extinguido por los bomberos, el personal militar entró al inmueble y constató que sus ocupantes habían fallecido.
Sus cuerpos calcinados –según los testimonios– fueron colocados en la calle. Si bien sus restos nunca pudieron ser recuperados, la fiscalía pudo reconstruir, gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que fueron enterrados una semana después en el cementerio de La Plata. Los certificados de defunción decían que habían muerto por impactos de balas en sus cabezas. En mayo de 1982, los restos de Griselda y de su compañero fueron pasados al osario, lo que hizo imposible su identificación.
Griselda Betelú estaba embarazada de tres meses. Tenía 29 años, era psicóloga y trabajaba en la Dirección General Impositiva (DGI) de La Plata. Alonso tenía 26 años y era de Bolívar; se había mudado a La Plata para estudiar Ciencias Económicas y trabajaba en los tribunales de esa ciudad. Ambos eran militantes de la Juventud Peronista-Montoneros.
El oficial Álvaro Carlés, a cargo del operativo, fue condecorado luego por “valor en combate”. Aparentemente murió años atrás en Venezuela, pero, por el momento, no hay registros oficiales de su deceso.
Terminado el operativo, enmarcado en el ejercicio del terrorismo de Estado, se tabicó con madera la vivienda para que no se pudiera ingresar y se pintaron leyendas en las paredes que referían que allí habían habitado “subversivos o terroristas”.
Otras condenas
Tres de los militares procesados por Ramos Padilla, Bazán, Fleba y Laciar, ya habían sido condenados a prisión perpetua en 2019 por un operativo comandado desde el Batallón de Comunicaciones desplegado seis meses después, en el que arrasaron con otra familia.
Fue el 6 de septiembre de 1977. Llegaron a una casa prefabricada del barrio Villa España de Berazategui en la que vivían María Nicosia Rodríguez, sus tres hijos –Marcela, Sergio y Marina– y un compañero de militancia, Arturo Alejandro Jaimez. Después de una resistencia inicial, los militares mataron a los dos integrantes de Montoneros.
Cuando ingresaron a la vivienda, uno de ellos bramó al ver a los chicos: “Hay pichones en el nido”. A Sergio y a Marina los terminaron devolviendo a la familia, pero a Marcela –que tenía doce años– se la llevaron secuestrada. Pasó por centros clandestinos como Vesubio, Sheraton y el Regimiento de La Tablada, donde sufrió tormentos y abusos.
