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Por Irina Hauser, en Página/12. El empresario Alfredo Coto fue procesado, junto con su hijo Germán, por “tenencia ilegítima de materiales explosivos”, “acopio de armas de fuego, piezas o municiones” y adulteración o supresión del número o grabado de un arma. Dicho de otro modo, el dueño de la famosa cadena de supermercados fue responsabilizado penalmente por delitos graves e inhabilitado como usuario de armas, al igual que su empresa (que no podrá ser usuaria colectiva), a raíz del hallazgo de un arsenal que estaba guardado en la sucursal de la calle Paysandú al 1800, en Caballito. ¿Qué había? Más de 200 granadas, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, gas pimienta, 3800 municiones, un silenciador, 14 chalecos antibala, 22 cascos, entre otras cosas. Dentro de ese combo, había armamento que pertenecía a las fuerzas de seguridad y cuyo uso está prohibido para cualquier ciudadano que no las integre, otro con la numeración limada y otros tantos con permisos vencidos.
Entre las varias explicaciones que dio Coto en sus presentaciones judiciales, dijo que no tenía manera de controlar todo en su compañía, que podía haber existido un “exceso de confianza” con “organismos de seguridad” y que, de todos modos, había sufrido hechos de violencia que lo llevaron a armarse.
La resolución fue firmada por el juez federal Sebastián Ramos, que también les impuso a los Coto embargos por tres millones de pesos. Los delitos que les atribuyen no son para nada menores. El acopio de armas, por ejemplo, prevé penas de 4 a 10 años de prisión. La tenencia, de 3 a 6 años, y la adulteración de la numeración, de 3 a 8 años de cárcel.
En un juicio oral podrían implicar condenas de cumplimiento efectivo. Por ahora, sin embargo, el juez no encontró peligros procesales que justifiquen sus detenciones. Lo que ordenó es notificar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) sobre la inhabilitación de ambos para tener armas de manera individual, y como “usuario colectivo” a través de la empresa. También fue procesado un agente de Prefectura, Cristian Javier Oscar González, porque parte del armamento que apareció en Coto estaba bajo su órbita. Y fue citada a indagatoria una comisaria inspectora, Estelita Eufrasia Herrera, quien estaba a cargo de custodiar una serie de armas que venían de una licitación en la provincia de Buenos Aires, y que aparecieron en el supermercado.
La investigación se inició después de una inspección de la Anmac en la sucursal de Coto en Caballito. Pero no fue el organismo de donde surgió la denuncia, sino que llegó un anónimo a la Unidad Fiscal especializada en la Investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y materiales controlados (Ufiarm), que conduce el fiscal federal Jorge Di Lello. Este inició una actuación preliminar y concretó la denuncia penal. La fiscal Paloma Ochoa, además de corroborar la existencia del arsenal y sus anomalías, había pedido imputar también a los responsables de la agencia de materiales que tras la inspección no decomisaron los explosivos y el material prohibido. Pero por ahora el juez Ramos dispuso faltas de mérito, entre ellos del coordinador de inspecciones Juan Diego Kotelchuk. Ochoa puede apelar.
Además de las granadas, proyectiles de gases, municiones, escudos, chalecos y cascos había armas registradas a nombres de otros usuarios, un revólver con el número adulterado, escopetas con pedido de captura y lanzagases con número borrado. A la vez, una veintena de armas que se supone que debían estar allí, consignadas por Coto como usuario colectivo, no estaban. Y una buena parte del armamento hallado pertenecía a la Policía Federal y a la Prefectura.
Cuando tuvo oportunidad de defenderse en una indagatoria, Alfredo Coto, ensayó diversas explicaciones. Una de ellas, era que posiblemente la presencia de ciertas armas en su supermercado respondiera a un “exceso de confianza” de las empresa que le proveía seguridad –aunque el propio Coto tiene su propia seguridad– y/o con las fuerzas de seguridad por el vínculo cercano de años. A la vez sostuvo que él no pudo haber cometido delito alguno porque, dada la estructura de su empresa, no podía conocer todos los movimientos. De todos modos había armas tanto a su nombre como de su hijo Germán. Pero planteó que seguramente agentes de la Prefectura, Policía Federal y Gendarmería habían dejado armas suya allí. También argumentó que algunas armas estaban allí desde hacía al menos tres años por “graves y reiterados hechos de violencia que se generaron contra locales y dependencias de la empresa”. Se refería, explicó, a las últimas dos décadas y a organizaciones sociales y de desocupados.
Para el juez Ramos, los Coto cometieron delitos graves. Además de la posible apelación de Ochoa todo indica que ellos mismos apelarán. Ahí deberá definir la causa si acusa también al poderoso empresario.
