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El juez Claudio Bonadio procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en una causa por irregularidades en asignación de susbsidos y dispuso embargo por 1.000 millones de pesos.
Se trata de una causa referida a subsidios para gasoil de colectivos, con perjuicio para el Estado por más de 600 millones. También fueron procesados Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
El magistrado también procesó a los ex ministros de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro, a quienes dispuso embargo por sumas de hasta 900 millones de pesos.
Se imputó a los acusados de haber intervenido en las maniobras investigadas en su condición de funcionarios y haber ocasionado un perjuicio de casi 610 millones de pesos.
Es la misma causa en la que la semana pasada el juez citó a indagatoria a 251 empresarios de distintas líneas de transporte público de pasajeros por presunto multimillonario perjuicio causado al Estado.
Según la resolución «durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían».
A tal fin, «diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados», sostuvo el juez.
«Se imputa a Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro, en sus condiciones de interventores de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte; Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ariel Ramos, en sus condiciones de Secretarios de Transporte; y Julio Miguel De Vido, en su condición de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, haber intervenido en el hecho que se detalla a continuación, que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente 609.326.186,25», dice el texto.
«Los imputados ocuparon los cargos públicos referidos por los siguientes períodos: Roque Guillermo Lapadula, del 06/06/2003 al 09/02/2004; Pedro Ochoa Romero, del 09/02/2004 al 10/12/2007; Antonio Eduardo Sícaro, del 11/12/2007 al 15/08/2012; Ricardo Raúl Jaime, del 25/05/2003 al 01/07/2009; Juan Pablo Schiavi, del 01/07/2009 al 07/03/2012; Alejandro Ariel Ramos, del 07/03/2012 al 10/12/2015 y Julio Miguel De Vido, del 25/05/2003 al 10/12/2015», explica la resolución.
«Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014», añade la resolución.
