El reclamo se realiza en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, que se conmemora cada 19 de abril, y de una Jornada Nacional de Lucha Campesina que replicó la protesta mediante armado de ferias en varias provincias del país, incluida la sede del Ministerio de Agroindustria en la ciudad de Buenos Aires.
Daniel, de la comunidad de Ocumazo, de Humahuaca, explicó que las actuales políticas públicas del sector los están perjudicando. “En estos últimos tiempos habíamos tenido una ley de agricultura familiar, que fue sancionada, a la cual adhirió el gobierno de Jujuy, que nos contemplaba y nos reconocía jurídicamente como pequeños productores, tanto aborígenes como campesinos. Pero hoy vemos que esto se ve avasallado, al despedir gente de Agricultura Familiar, técnicos que nos brindan ayuda directa a las comunidades, y el Renap, el registro nacional de productores, que hoy está parado”.
La protesta llega ante la falta de respuestas a los numerosos pedidos de audiencia, tanto con funcionarios provinciales como con el delegado de la SAF, Hugo Sánchez. Pero no solo se instalaron con la feria, para mostrar y ofrecer sus productos, sino que además elaboraron un petitorio formal para presentar ante el Ejecutivo provincial.
Gloria Mamaní pertenece a la organización Tierra Fértil, de Palma Sola. “Somos parte de un movimiento nacional campesino indígena que lucha por los derechos, porque la agricultura familiar es nuestro derecho como pequeños productores”, explicó.
“Venimos a mostrar nuestros productos porque no es solo venir a hacer una marcha, sino que vean nuestros productos, que conozcan lo que hay en nuestros territorios, en nuestro campo”, agregó.
Los productores se quejan, además, de que ni siquiera les han permitido entrar a la oficina de la SAF, y que el delegado Sánchez llegó incluso a llamar a la policía días atrás para evitar una asamblea gremial. “Es una obligación que nos dejen ingresar como productores, porque la Secretaría no es del delegado ni del Ministerio de Producción, sino de los pequeños productores”, advirtió Mamaní.
Despidos y amenazas
En la defensa del derecho a la vida campesina, los productores reclaman también que cesen los despidos de técnicos de la SAF. No es solo una reivindicación gremial en defensa de una fuente de trabajo. Es el reclamo por un valioso servicio que dejaron de recibir: “No queremos el despido de los técnicos que siempre se han vinculado con nosotros, que nos asesoraban en nuestras comunidades y nos daban una mejor calidad de vida, ayudándonos a mejorar los proyectos, que ellos sabían que formular y trabajar”, detalla Mamaní.
La mujer precisa que en su territorio trabajaban tres técnicos, dedicados a la tarea de acompañar a productores de todo el departamento Santa Bárbara, yo vengo desde Palma Sola. En toda la provincia son 16 los técnicos que fueron despedidos, después de años de trabajo, además de cinco contratados.
Natalia Bruno, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la SAF, repasa: “Esta es la tercera feria que hacemos, como una manera de mostrar lo que producen los productores, porque ellos son los representantes de todo esto, son los que se están quedando sin todas las políticas públicas en las que nosotros veníamos trabajando”.
La sindicalista vuelve sobre una idea central, que no solo se trata de la pérdida de trabajo de los técnicos, sino, sobre todo, que los productores “se quedan sin ningún tipo de amparo, sin ningún tipo de proyectos, quedan a la deriva”.
Si bien Bruno es una de las tres delegadas que fueron reincorporadas tras sus despidos, insiste en que el problema no se reduce a la conservación de los puestos de trabajo sino a las condiciones: “La situación es bastante desfavorable, sufrimos violencia laboral todos los días y nos han cambiado de funciones, algo que no se podía hacer; nos exigen más que a nuestros compañeros”.
La semana pasada hubo amenaza de once despidos más. “El coordinador se juntó con los once, individualmente, y los amenazó con que estaban en una supuesta lista que no quiso mostrar”, relató Bruno.
En todo el país, son más de 280 los despedidos de la SAF. “No tenemos ningún tipo de diálogo con el coordinador, le hemos pedido audiencia pero la niega”, señala Bruno, y plantea la preocupación que despierta el hecho de que ni a nivel provincial ni nacional hay presupuesto suficiente en la Secretaría.
“La Secretaría no se va a cerrar institucionalmente, pero sí hay vaciamiento de presupuesto y de trabajadores, que es lo que venimos denunciando día a día”, afirma la delagada.
El vaciamiento de recursos llega al punto de que algunas delegaciones tuvieron que cerrar por no poder pagar el alquiler. En Jujuy, al menos por ahora, no se anunció el cierre, pero sí está prevista una mudanza. Pero eso sería lo de menos. Según precisa Bruno, no hay plata para que los técnicos salgan al campo ni compren hojas para escribir sus informes.