Productores de la Finca El Pongo marcharon esta mañana en Perico para reafirmar su rechazo al emprendimiento de cultivo de marihuana para cannabis medicinal que impulsa el gobierno provincial a través de un convenio con una empresa estadounidense. Es la segunda vez que los productores se movilizan para expresar sus dudas -fundadas- sobre el emprendimiento, sobre todo porque los responsables no les muestran documentación fehaciente que isipe la desconfianza.
Un diálogo con El Submarino Radio (91.5), una de los productores, Natalia Argañaraz, aclaró que no están en contra del cannabis medicinal, sino que se oponen al cultivo a gran escala. Es que el anuncio oficial habla de 14 mil hectáreas de plantación de marihuana.
La semana pasada los productores recibieron a Gastón Morales, hijo del gobernador y titular de la empresa Cannava SA, la empresa estatal que participa del acuerdo con la estadounidense Green Leaf Farms. La reunión fue de todo menos amable. Y lo peor: sin resultados.
«La verdad es que él no trajo nada, ninguna propuesta para los productores -relató Argañaraz-, solo vino a informar lo que van a hacer, cuando en diciembre salió diciendo en los medios que todos los productores ya sabían de esta producción, que iban a tener trabajo».
La desconfianza inicial se vio confirmadad con las primeras expulsiones de productores, que se quedan sin la tierra para trabajar. «Gastón Morales no dio ninguna respuesta, ninguna ayuda. Las y los productores están muy enojados con él», describió la mujer.
Hasta ahora son tres los expulsados, que tuvieron que instalarse en la casa de parientes, porque no tienen dónde trabajar ni de qué vivir. Tuvieron que dejar los terrenos donde vivían y cultivaban, y no les dieron nada a cambio. «Están desesperados, buscando solución; pero aún no tenemos una respuesta de nada», comentó Argañaraz.
Sin dudas el problema más grave es el de los productores que se quedan sin su medio de subsistencia, pero Natalia advierte que, además, esa es la gente que cultiva alimentos que se consumen en toda la provincia.
Para frenar las expulsiones, la diputada Alejandra Cejas interpuso una medida cautelar. También se presentaron notas en la administración de la Finca El Pongo y otras instituciones. «En la administración de El Pongo nos dijeron que ellos no están desacuerdo, que nos tenemos que informar porque no son 14000 hectáreas, como se dice en los medios. Y nos pusieron el sello de disconformidad. O sea que no avalan ningún tipo de cosas que podamos hacer», relató Argañaraz.
-¿El gobierno quiere que ustedes se dediquen al cultivo de cannabis, y van a tener que dejar de producir alimentos?
-Exactamente. Las 14 mil hectáreas van a ser para cultivo de marihuana y van a ser trabajadas de esa manera. Nosotros dejaríamos de producir y de vivir de nuestra producción de elementos sanos. Porque es mentira que van a producir de manera agroecológica, es imposible en 14 mil hectáreas. Los productores están enojados porque nunca fueron avisados de que se iba a producir marihuana a gran escala. Esto empezó como una prueba piloto en Yuto, con una hectárea, y de la noche a la mañana tenemos una plantación de 14 mil hectáreas y la Finca El Pongo va a ser usada como laboratorio.
-¿Cómo van a seguir a partir de ahora?
Vamos a seguir con nuestras reuniones y con diferentes actividades, presentando notas, pidiendo apoyo. Pero hoy en día el único apoyo que tenemos es el de los ciudadanos y los mismos productores, que estamos saliendo a la calle.