El juez federal Ariel Lijo dispuso la prohibición de salida del país para el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida fue solicitada de urgencia por el fiscal Gerardo Pollicita, tras detectar fuertes versiones que indicaban que el exfuncionario evaluaba radicarse temporalmente en Uruguay, ya sea en Montevideo o Punta del Este.
Con esta resolución, Adorni deberá solicitar autorización judicial previa ante cualquier viaje al exterior, acreditar pasajes de retorno y notificar su regreso al juzgado.
La decisión se da en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que salpica al exvocero presidencial. Si bien la fiscalía no consideraba inicialmente necesarias estas restricciones, el escenario cambió por el riesgo de corte de arraigo y tras el análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar, donde se hallaron mensajes de Adorni que sugerirían intentos de manipular la investigación.
Cruce de llamadas y pericias clave
La situación judicial del exjefe de Gabinete podría complicarse aún más la próxima semana. El fiscal Pollicita espera recibir un informe clave de los contadores del Ministerio Público Fiscal sobre los ingresos, suntuosos gastos con tarjetas de crédito y las llamativas inversiones de Adorni, que incluirían el uso de plásticos a nombre de subalternos de la Casa Rosada. El requerimiento formal para que justifique el origen de los fondos se realizaría antes del inicio de la feria judicial, previsto para el 17 de julio.
La investigación penal, bautizada como «Adornigate», puso la lupa sobre un importante patrimonio inmobiliario adjudicado a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Entre los bienes bajo sospecha aparecen departamentos en Parque Chacabuco (avenida Asamblea 1132) y Caballito (calle Miró 546), este último escenario de escraches vecinales recientes. También se identificó una propiedad en La Plata donde reside su madre y una lujosa casa en el Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Esta última vivienda es un punto central del expediente: el propio contratista Matías Tabar declaró haber realizado allí remodelaciones por un valor de 245 mil dólares, abonados por el exfuncionario íntegramente en efectivo.