La diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos Blanca Osuna presentó un proyecto para declarar los servicios de internet como «un derecho humano de carácter universal» y abordar las deudas estructurales de acceso a la conectividad, con prioridad en las zonas rurales y urbanas más vulneradas.
La iniciativa propone restituir atribuciones a la Enacom, establece otras fuentes de financiamiento, a la vez que recupera los objetivos de Conectar Igualdad y Argentina Conectada.
Según Osuna, la conectividad “aparece como una problemática estructural de la agenda ciudadana, requerida por muchos años y acrecentada por la situación de pandemia mundial que obligó a una virtualidad más cotidiana y habitual».
“Las dificultades de infraestructura y las desigualdades geográficas y sociales, obstaculizaron históricamente el acceso y la garantía de derechos”, sostuvo la diputada por Entre Ríos en un comunicado de prensa.
El proyecto busca garantizar el acceso a servicios de conectividad e Internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital, y declararlo como “derecho humano de carácter universal”, de conformidad a lo establecido en el art. 2 de la Ley 27.078.
“La salida de la pandemia covid 19 ha intensificado y priorizado la necesidad de superar las desigualdades estructurales y los problemas fácticos de conectividad y uso de Internet con calidad de servicio, tarifas justas y razonables”, precisó Osuna.
Sostuvo que “las actividades de la vida diaria, la educación en todos sus niveles y formatos, el trabajo y la producción, la creatividad y la producción de contenidos, los servicios de salud, seguridad, justicia y la administración pública en general, llevan a que cada argentina y argentino, desde temprana edad, en cualquier lugar de nuestro extenso país, deba conectarse al mundo digital”.
En ese sentido, Osuna puso de relieve que el Estado tiene “la responsabilidad de garantizar ese vínculo desde la niñez y de generar políticas públicas que busquen el acceso equitativo, justo e igualitario”.
El proyecto define la conectividad como un derecho humano y determina como prioritarios los establecimientos del sistema de educación formal de gestión pública, en sus distintos niveles, modalidades y jurisdicciones; las bibliotecas públicas, centros culturales, museos, organizaciones sociales y medios de comunicación públicos, universitarios y de gestión social.
La propuesta legislativa también restituye atribuciones al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), construye nuevas fuentes de financiamiento para los ejes planificados a corto y largo plazo, y retoma las pautas de Argentina Conectada y Conectar Igualdad.
“Las Tecnologías de Información y Comunicación representan nítidamente hoy no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información, al entretenimiento, sino que constituyen un punto de referencia para la construcción del desarrollo económico y social”, afirmó al respecto Osuna.
En ese sentido, la diputada afirmó: «Sabemos que esta herramienta, de producción colectiva, es fundamental para estos tiempos, pero también para repensar las agendas inmediatas de nuestra sociedad».
«El acceso igualitario y equitativo a la conectividad es uno de ellos, como uno de los ejes que avanzan en el bienestar de la sociedad y que repara asignaturas pendientes en materia de políticas de estado”, finalizó la diputada.