Por Luis Hernán Paz*. En diciembre de 2015, apenas asumido Gerardo Morales al frente de la Gobernación de Jujuy, la Red de Organizaciones Sociales, con el protagonismo de la Tupac Amaru, se movilizó para exigir respuesta a los pedidos de audiencia que se habían presentado. La petición era conocer cuál era el plan de la nueva gestión en relación a las cooperativas de construcción de viviendas, entre otras actividades que venían llevando adelante y que habían hecho de la Tupac el tercer empleador de la provincia después del Estado y el Ingenio Ledesma.
La respuesta llegó en forma de represión y persecución judicial. La entonces ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, dispuso el envío de gendarmes a Jujuy para reprimir la protesta. 43 efectivos de esa fuerza murieron en el camino. Ni Bullrich ni Morales dieron explicaciones.
Milagro Sala fue detenida ilegalmente, y durante aquellas primeras semanas se activaron decenas de causas judiciales que luego se usarían para neutralizar su actividad política y social. Pero también, y sobre todo, para enviar un mensaje disciplinador a todos los sectores que -hoy lo sabemos- serían las víctimas principales de un gobierno que empobreció a la población mientras endeudaba a la provincia.
Es que Gerardo Morales fue, de alguna manera, vanguardia represiva. Siempre derrochó punitivismo sobre todo lo que fuera protesta social. Y lo que sucedió en Jujuy desde 2016 hasta ahora se intentará aplicar a nivel nacional.
El protocolo antipiquetes lo usó Morales cuando detuvieron a Milagro. A partir de allí, se formalizó el camino conocido como guerra judicial (lawfare). Julio De Vido, Amado Boudou, Carlos Zannini y otros tantos fueron detenidos, y a Cristina Fernández de Kirchner la persiguieron y condenaron. En todos los casos, en el marco de armados judiciales similares a los que se usaron contra Milagro.
Dijimos en 2016 que en Jujuy se estaba instalando un laboratorio represivo y del lawfare. Una ingeniería policial y judicial que se puso en marcha hasta el presente, con la última expresión en la brutal represión de la protesta colectiva contra el proceso de reforma parcial de la Constitución de Jujuy en medio de una aguda crisis de representación y social que aparece como inevitable.
El Gobierno de Javier Milei usará la fórmula que exploró con éxito Gerardo Morales en Jujuy, avalada públicamente por las fuerzas políticas que integra(ba) n Juntos por el Cambio y por el silencio de dirigentes de otros espacios; mientras en nombre de la convivencia democrática se mantiene a los presos políticos y se firman acuerdos con los nuevos verdugos.
Lo que está pasando en estos momentos en el país me recuerda otras tragedias, como las de los años 90 en Cutral-Có o Tartagal. En ese momento, la explicación era que la democracia estaba vacía, sin representación política, y que nuestro pueblo no tenía participación en esa democracia.
Esto es lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy y lo que está empezando a pasar a nivel nacional.
Es un proceso que termina mal. En Jujuy lo sabemos. Gerardo Morales sigue sin dar ningún tipo respuestas a los jóvenes que perdieron un ojo de la mano de su policía especialmente entrenada para apuntar a la cara. Sus víctimas llevarán ese estigma por el resto de sus vidas.
Las expresiones sociales, sindicales y populares de resguardo de la vida están floreciendo. La Red Federal en Defensa de los DDHH y la Democracia es una muestra de ello. Pero desgraciadamente, tenemos experiencia. Empleados estatales, trabajadores de la economía solidaria, estudiantes, familiares de víctimas de femicidio, por ejemplo, pueden ser víctimas incluso de detención si salen a plantear sus reclamos en las calles.
Pero además se desplegó una estrategia de estigmatización de todos aquellos que defienden su derecho a protestar.
Ya escuchamos en nuestra provincia los argumentos falaces sobre el derecho a la circulación de la ciudadanía, al que se pone por encima del derecho a protestar y peticionar a las autoridades consagrado en la Constitución Nacional y tratados internacionales.
En la Convención Constituyente, el gobernador Morales, en su rol de convencional ilegal, hizo una encendida defensa del capítulo sobre protesta social.
Si bien el texto menciona reglas internacionales de Derechos Humanos, ese espíritu quedó en letra muerta cuando comenzaron a sancionarse las leyes que consolidan la reforma, dejando abierta la puerta para que el gobierno y la policía decidan quiénes pueden protestar y quiénes no.
Las organizaciones sindicales, políticas, sociales y de Derechos Humanos denunciaron que la reforma de la Constitución provincial tenía como objetivo darle un marco legal al avasallamiento sistemático de los derechos que se venía registrando desde la asunción de Morales en diciembre de 2015.
En la nueva Carta Magna de Jujuy, la prohibición de la protesta está plasmada a través de una imprecisa figura de “paz social”, que habilita un proceso acelerado destinado a cobrar multas y perseguir judicialmente a las personas y organizaciones que se manifiesten o convoquen a manifestar.
Esta Constitución, además, hace oficial -y para siempre- la concentración del manejo de la cosa pública en manos del Poder Ejecutivo provincial, al darle al Gobernador la atribución de definir a los titulares de los organismos de control y los miembros de la Suprema Corte de Justicia provincial, entre otros.
Se vienen tiempos oscuros para la República Argentina. Los que quieran saber qué se siente al vivir en medio de un Estado policial/represivo, no necesitan ir a los libros de historia. En Jujuy podemos dar testimonio.
* Abogado de la Organización Barrial Tupac Amaru, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Jujuy