Sectores de salud saludaron la actualización del protocolo de aplicación de la interrupción legal del embarazo (ILE) que dictó el Ministerio de Salud de la Nación, y su aceptación explícita por parte de la cartera provincial. Los equipos de salud que trabajan en las áreas vinculadas están ahora más respaldados en su tarea, sobre todo ante el avance de sectores antiderechos que pretenden retroceder en materia legal y rechazan incluso las causales de aborto contempladas por la normativa argentina desde 1921.
“Recibimos con mucha alegría que el nuevo gobierno dictara la resolución ministerial que fue vetada por el anterior, por todo lo que se venía trabajando desde los equipos de salud, que somos quienes tenemos que garantizar que se cumpla la ley”, reflexionó en diálogo con El Submarino Radio (91.5) Elena Meyer, médica general integrante de las Consejerías en Salud Sexual Integral del Ministerio de Salud de la Provincia.
Para la profesional, este Protocolo implica un respaldo al trabajo que se viene haciendo desde el año 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió el fallo en el que deja fuera de discusión la interrupción legal de embarazos por causales. “Ahora nos están diciendo que estamos en lo correcto. El hecho de que haya una resolución nacional nos da mucha más fuerza y tranquilidad de que todos los procedimientos que hacemos están dentro de este marco”, agregó.
El respaldo no es solo legal. También se refiere a los procedimientos médicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción legal de un embarazo.
Meyer, quien integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, advirtió: “Si bien estamos adheridos a los protocolos desde el 2012, todavía hay grupos antiderechos actuando permanentemente, hostigando a las mujeres, dando mal la información”.
En este contexto, cobra más importancia todavía la posición tomada por el Ministerio provincial. “Hasta ahora en la práctica se ha respaldado a las Consejerías, pero faltaba la parte escrita”, comentó la médica.
Para Meyer, todavía falta que se resuelva la cuestión de los objetores de conciencia. “Deben hacerlo de manera escrita y presentar la documentación. Para mí, esto tiene que ser público, porque las mujeres tienen que saber quiénes son para poder ejercer su derecho a elegir con quién atenderse”.
Es sabido, no solo en Jujuy sino en otros puntos del país, que algunos profesionales que se declaran objetores son los mismos que ofrecen interrumpir embarazos de forma privada, cobrando elevadas sumas. Son numerosas las historias relatadas por mujeres en este sentido, por lo que el reclamo de un registro público de objetores cobra aun más relevancia.
Por otra parte, las propias Consejerías quieren contar con esa información oficial. “Hay hospitales donde hay objetores y otros donde no hay. Si tenemos esa información, sabemos adónde derivar”, señaló Meyer.